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REDD, el mecanismo de Reducción de las Emisiones de la Deforestación y Degradación forestal, establece que los países que reduzcan las emisiones de carbono provenientes de la deforestación serán compensados financieramente, con la intención de abordar el cambio climático, la pobreza rural, la conservación de la biodiversidad y, en consecuencia, la sostenibilidad de los servicios ambientales de los ecosistemas.

El mercado de carbono surge como uno de los esfuerzos para mitigar el cambio climático, a partir de la necesidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los países industrializados. Mediante la transacción de los bonos de carbono, se benefician las empresas que no contaminan o que disminuyen la contaminación, y pagan las que generan mayor contaminación de la permitida. A pesar de que el mercado regulado sigue creciendo (en 2008 se transaron hasta 126 billones de US$), se evidencian serias dificultades para la adecuada implementación del MDL y además, efectos de la crisis financiera que reduce niveles significativos de proyectos.

De manera que se ha puesto en la arena internacional la discusión sobre los mecanismos de financiamiento para las actividades de implementación de REDD en los países en desarrollo con bosques tropicales. Las propuestas actuales esbozan principalmente 3 mecanismos o enfoques de financiación: 1) mecanismo de mercado (como sugieren la mayoría de los países industrializados), 2) fondo voluntario (como sugiere por ejemplo Brasil, que coincide con la posición de Bolivia) y 3) mecanismo híbrido vinculado al mercado (como son las propuestas de GREENPEACE, CCAP o Noruega).

Si bien existen ciertas ventajas y desventajas de cada enfoque, y se han logrado clarificar los puntos convergentes y divergentes al respecto, los temas evidentes que necesariamente deben ser considerados para su implementación incluyen los incentivos reales para ambas partes del acuerdo (países desarrollados y países en desarrollo), la metodología precisa y comparable, el desarrollo de capacidades y el financiamiento adecuado y consistente.

Si bien a través del mercado de carbono se podrían generar recursos a gran escala, el principal desafío es evitar la desestabilización del mercado global de carbono con una inundación de créditos de REDD que volatilice los precios y ponga en riesgo la reducción global de emisiones, al desplazar la inversión en tecnologías limpias. Por su parte, el fondo voluntario lograría recursos a menor escala y necesitaría una estructura administrativa muy transparente y no-burocrática para su efectividad; en tanto que el enfoque híbrido, vinculado al mercado, garantiza recursos para la construcción de capacidades y una gradual implementación de REDD.

La posición política de Bolivia en las negociaciones internacionales de Cambio Climático gira en torno a la deuda climática, la declaración de los derechos de la Madre Tierra, la participación activa de los pueblos indígenas, reducciones profundas por parte de los países desarrollados, transferencia de tecnologías limpias a países en desarrollo y un financiamiento integral vía no-mercado.

En este contexto, cómo se podría vincular el mecanismo de financiamiento REDD con la posición boliviana? Abordar el problema de la deforestación en Bolivia requiere financiamiento a gran escala. Si bien un fondo podría ser un mecanismo participativo para pueblos indígenas, el financiamiento no estaría garantizado y menos aún de manera predecible, tampoco se garantiza la ausencia de limitaciones operativas, institucionales, normativas ni burocracia.

Es probable que un enfoque híbrido responda mejor al planteamiento boliviano dado que se obtendrían recursos para la construcción de capacidades, se garantizaría la activa y efectiva participación de los actores locales, pueblos indígenas y comunidades locales, y se lograrían mayores fondos financieros para la implementación de REDD y la planificación del manejo de recursos ambientales, conservación de la biodiversidad y lucha contra la pobreza.

Las lecciones aprendidas en Bolivia revelan la necesidad de abordar la construcción de capacidades para lograr metodologías apropiadas y precisas que sustenten las intervenciones; la participación de actores locales, pueblos indígenas y comunidades locales en el proceso de planificación e intervención para lograr consenso y apropiación; así como la distribución de beneficios reales y tangibles a los actores directos, quienes son responsables de la sostenibilidad de las intervenciones.

Entonces, ¿cómo construir un mecanismo financiero para REDD viable en Bolivia? Sobre la base de un marco legal e institucional adecuado, se requiere abordar:
    1. Gobernanza, referida a la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado, con un equilibrio sano entre el Estado, la sociedad civil y el mercado;
    2. Soberanía, para la toma de decisiones autodeterminadas que permitan mantener la identidad nacional y la defensa sostenible de los recursos naturales;
    3. Construcción de capacidades para garantizar la sostenibilidad, tanto de los procesos de implementación como de los mecanismos de distribución de beneficios;
    4. Participación activa y efectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales, como actores principales del mecanismo REDD y por tanto beneficiarios, quienes garantizarán la sostenibilidad del mecanismo mediante su participación bajo el principio de “consentimiento libre, previo e informado

 


(*) Autor invitado. La autora agradecería comentarios a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  

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