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B muriel120El RC-IVA puede ser considerado como una especie de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas; ya que se aplica sobre los ingresos laborales y las rentas de capital. Los contribuyentes deben deducir cuatro salarios mínimos, la contribución a pensiones y las declaraciones de pagos -a través de facturas- al Impuesto al Valor Agregado (IVA). En los hechos, el impuesto ha servido para controlar el pago del IVA en el momento de comprar bienes y servicios, donde los “contribuyentes formales” han desempeñado el papel del gobierno volviéndose fiscalizadores. Sin embargo, la aplicación del RC-IVA se ha mostrado con mayores costos que beneficios.

En primer lugar, las declaraciones de las facturas del IVA para descontar el RC-IVA han requerido tiempo y dinero tanto para los declarantes (empleados y empleadores o agentes de retención) como para los fiscalizadores, Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). De acuerdo a Jenkins y Arroyo (2003), el costo anual por agente de retención es 416 USD y por empleado 11.6 USD por año. En su conjunto este costo llega a representar 24.39 millones de USD al año, 1.5 veces el presupuesto del SIN (1).

En segundo lugar, las recaudaciones efectivas del RC-IVA han sido muy bajas, representado alrededor de 23 millones de USD en promedio durante 2000-2008, aproximadamente el 0.2% del PIB; sin compensar si quiera el costo de tiempo y dinero asociado a este (además de las distorsiones que genera).

En tercer lugar, pocas empresas y/o vendedores facturan debido al alto grado de informalidad por legalidad de la economía boliviana, así como a los regímenes tributarios que exencionan la emisión de facturas. Adicionalmente, una otra parte de los ingresos se destina al ahorro, lo que también limita el pago del IVA. Las estimaciones de Nina (2006) muestran que, en conjunto, los impuestos al consumo pagados por los hogares bolivianos representan menos del 7% del ingreso per cápita del hogar (2); lo que quiere decir que el control del IVA a partir del RC-IVA, en el marco de las reglas actuales, provoca en buena medida un mercado de facturas secundario, ya que para el contribuyente es imposible cubrir con consumo propio el monto requerido del pago del IVA para descontarse del RC-IVA. Este mercado secundario ciertamente se ve motivado por las enormes inequidades tributarias, ya que al final son solamente los empleados formales los que están sujetos tanto al IVA como al RC-IVA (además de todos los costos laborales asociados), contraviniendo a la misma actual Constitución Política del Estado que en su Artículo 108 dice “Son deberes de las bolivianas y bolivianos (..) tributar en proporción a su capacidad económica conforme a Ley”.

En resumen, se hace necesario repensar en los beneficios del RC-IVA y sopesar seriamente con los costos que genera a la sociedad, a fin de buscar alguna solución alternativa menos ineficiente y más favorable a la economía.


* Investigadora Senior del INESAD.


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