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Los
principios de una reforma educativa
por
Antonio Saravia, Dubai, Agosto 7, 2006.
La educación no es condición necesaria ni suficiente para el
desarrollo económico.
Varios países
“educados” todavía son pobres y muchos países desarrollados no
lideraban los indices educativos antes de acelerar su
crecimiento económico
(1).
Esta controversial evidencia empírica tiene su explicación en la
estructura de incentivos de cada economía. Países con alto
desempleo, corrupción y alta intervención estatal, se
beneficiarán muy poco de su educación porque sus profesionales
no encontrarán empleo, se harán parte de la burocracia política,
o emigrarán. Esta “desilusión educativa” se transmitirá a su vez
a las nuevas generaciones y los niños tendrán menos incentivos a
adquirir educación aunque esta fuese “universal y gratuita.” En
países con acelerado crecimiento, respeto a los derechos de
propiedad, y menor intervención estatal, por otro lado, niños y
padres tendrán incentivos a adquirir educación aunque ésta
tuviera un precio.
Aceptar que la educación no es la panacea del desarrollo implica
desmitificar ideas y posturas políticas largamente enraizadas
como aquellas de que la educación es un “derecho” y debe ser
“gratuita y obligatoria.” Primero, y como acabamos de ver, los
padres enviarán a sus niños a la escuela y los jóvenes buscarán
activamente educarse cuando exista la suficiente expectativa de
retornos futuros. Cuando la estructura de incentivos es la
correcta no se necesita obligar a nadie a adquirir educación.
Segundo, la educación no es la única forma de invertir en el
futuro. Los jóvenes tienen otras opciones. Se puede invertir en
capital físico o en desarrollar habilidades no académicas a
través de la experiencia laboral. Muchos exitosos empresarios,
artistas, deportistas o artesanos sin formación escolar pueden
confirmarlo. La educación, entonces, debe ser entendida como un
bien de inversión más, uno muy importante, pero solo uno entre
diferentes alternativas. Nadie proclama que poseer capital
físico o la oportunidad de desarrollar habilidades artesanales
sea un “derecho.” ¿Por qué entonces la educación debiera ser
uno?
Finalmente, la educación, como casi todo en este mundo, no es
gratuita. La educación es un bien escaso y por lo tanto tiene un
precio. Aunque los padres o jóvenes no paguen una colegiatura,
sí pagan impuestos y estos se usan, entre otras cosas, para
construir escuelas, pagar a maestros, etc. Es más, como sucede
con casi todos los bienes provistos por el gobierno, el costo de
la educación pública es generalmente mayor a la suma de los
gastos empleados en proveerla.
Por un lado usted no puede decidir el tipo de educación que
reciben sus niños ni tiene la opción de no pagar impuestos si
considera que esta educación no satisface sus requerimientos. El
gobierno define el tipo de educación que se ofrece, los
impuestos se los cobran igual, y usted debe pagar adicionalmente
por una educación privada acorde con sus necesidades. Por otro
lado, la provisión de educación pública con impuestos
distorsiona la relación entre cliente (padres o jóvenes) y
proveedor (maestro, director de escuela, etc.). En una industria
satisfecha por mercados, los clientes tienen el derecho claro a
demandar un buen servicio o a cambiarse de proveedor. La
competencia genera incentivos en las firmas a proveer mayor
calidad a menores precios. En el contexto de la educación
pública este beneficio del mercado no se llega a concretar.
Una verdadera reforma educativa debiera, por tanto, introducir
estas consideraciones. Las típicas discusiones sobre pedagogía,
diversidad, el lenguaje o la religión que se deben enseñar, no
enfrentan el verdadero problema. El uso de mercados
descentralizados en la provisión de educación es,
definitivamente, el norte a seguir. Un mercado educativo
competitivo es capaz de recoger las señales de la industria y el
mercado laboral, y de responder a las necesidades de los
demandantes de educación.
Existen varios ejemplos de países que han venido exitosamente
reformando sus sistemas educativos en esta dirección evitando
además hacer transiciones muy traumáticas
(2). Estas experiencias han demostrado que la aplicación de
un mercado educativo genera mayores coincidencias por el lado de
la oferta que por el lado de la demanda.
Aunque en el largo plazo la oferta debiera ser privada, un paso
inicial de consenso suele ser que los establecimientos
educativos no tengan asegurados los fondos públicos sino que
compitan por ellos en base a su rendimiento. Esto restaura los
incentivos del proveedor a elevar la calidad de su servicio. En
el caso de la demanda la pregunta de la discordia sigue siendo:
¿Qué pasa con las familias pobres que no pueden pagar por
educación? Una solución temporal típica es el acceso a créditos
blandos por parte de instituciones gubernamentales y
extranjeras, o donaciones (becas). En Chile, el sistema de
“vouchers educacionales,” por ejemplo, ha sido un exitoso paso
inicial. Como los créditos son solo eso, créditos que uno
termina pagando, el rol de cliente es restaurado y los padres y
jóvenes ejercen una real y efectiva demanda por educación. Esto,
a su vez, genera una beneficiosa y saludable competencia entre
las escuelas.
Pomposas reformas educativas con elaboradas discusiones sobre
pedagogía y contenidos no reportan los resultados esperados. Sin
reconocer que la educación no es la panacea del desarrollo y que
sus demandantes y oferentes responden a incentivos económicos
como en cualquier otra industria, estas reformas no podrán ser
mucho más que simbólicas.
(1) Pritchett (2001) “Where has all the
education gone”, Benhabib y Spiegel (1994) “The Role of Human
Capital in economic Development: Evidence form Aggregate
Cross-Country Regional U.S. Data”, y Easterly (2001) “The
Elusive Quest for Growth”, entre otros estudios, han mostrado la
no existencia de una correlación positiva entre educación y
crecimiento económico.
Países como Cuba, Irak, Irán, Senegal y Nepal, por ejemplo,
presentan altos índices de alfabetismo y educación básica pero
bajos índices de desarrollo. Países como Singapur, Kuwait,
Lesotho, y Bostwana son ejemplos de lo opuesto.
(2)
Chile, EE.UU. y Emiratos Árabes por citar los casos que conozco
más de cerca.
Ó
Institute for Advanced Development Studies 2006.
The opinions expressed in this newsletter are those of the
author and do not necessarily coincide with those of the Institute.
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