Actualmente se está negociando un mecanismo internacional de pagos por servicios ambientales que tiene como objetivo la Reducción de las Emisiones por Deforestación y Degradación de bosque (REDD). La idea central es muy simple: Los países ricos pagan a los países pobres por reducir sus niveles de deforestación (en comparación con un escenario de referencia sin actividades REDD).

En este tema Bolivia tiene gran potencial, ya que actualmente estamos deforestando más de 300.000 hectáreas de bosque anualmente, de los cuales la mayor parte es deforestación ilegal que brinda pocos beneficios al país.

La tasa de deforestación per cápita en Bolivia (» 320 m²/persona/año) es 20 veces más alta que el promedio mundial (» 16 m²/persona/año) y una de las más altas del mundo, pasando los niveles de otros grandes países deforestadores como Brasil (» 137 m²/persona/año), Indonesia (» 63 m²/persona/año), Malasia (»109 m²/persona/año) y China (» 14 m²/persona/año). (1)

Por tener enormes extensiones de bosque con altos niveles de biodiversidad, y por eliminarlos muy rápidamente, Bolivia ha sido elegida como país piloto para prepararse para el mecanismo REDD con fondos del Banco Mundial, Naciones Unidas y varios miembros de la cooperación bilateral.

Se estima que la fase de preparación tardará unos 3 o 4 años. Aparte de las tareas técnicas de construir un sistema de monitoreo, elaborar el escenario de referencia, establecer las instituciones y pasar las leyes y decretos requeridos, es necesario llevar a cabo un proceso de consultas nacionales para asegurar amplio apoyo de todos sectores sociales y de todos los niveles del gobierno.

Durante estas consultas se tendrá que discutir las siguientes preguntas centrales:

• ¿Qué mecanismos se implementará para reducir la deforestación?

• ¿Cómo se distribuirán los beneficios?

Para responder a la primera pregunta es útil tomar en cuenta la experiencia de la política de desarrollo alternativa para la erradicación de coca de los años ochenta y noventa. La primera etapa (1986-1997) de este proceso se basó en una política de compensación individual por cada hectárea de coca erradicada ($2500/ha), lo que resultaba en un “círculo perverso”: erradicación – compensación individual – implantación de nuevos cultivos de coca. Mientras la erradicación bruta durante este periodo alcanzó 42.224 hectáreas, la erradicación neta fue solamente de 7.100 hectáreas, lo que implica una eficiencia de sólo el 17%. Hasta julio de 1997 el monto total por concepto de compensación individual alcanzó la suma de $US 83,6 millones, significando un altísimo costo de 12 mil dólares por hectárea efectivamente erradicada.

En cambio, durante la segunda fase (1998-2001) se erradicaron 46.008 hectáreas y la erradicación neta superó el 90% del volumen de erradicación bruta, porque se cambió el sistema de compensación individual por otro de compensación comunitaria y en especie (material vegetal y animal, equipo agrícola, materiales de construcción, etcétera). Al mismo tiempo se bajó el monto de la compensación de $2.500/ha en 1998 a $500/ha en 2001 (2).

Esta experiencia sugiere que el mecanismo REDD en Bolivia no debería adoptar una política de compensación individual, ya que esto sería ineficiente. Además sería injusto, ya que menos de 8% de la población boliviana son responsables de más de 80% de la deforestación y sería injusto pagar a este pequeño porcentaje de población millones de dólares por no hacer nada.

Podría ser más eficiente una combinación de compensación comunitaria, multas por deforestación ilegal e inversiones municipales para crear oportunidades económicas más atractivas que no involucran mucha deforestación.

Para responder a la segunda pregunta, primero se debería discutir ¿a quién pertenecen los bosques bolivianos? ¿Es un recurso natural que debería beneficiar a todos los bolivianos, como el gas natural? ¿O pertenece a los individuos que viven en el bosque y a los que han comprado concesiones forestales?  

Ya que nuestro bosque natural es un regalo de la naturaleza, exactamente como el gas natural, se puede argumentar que los beneficios de estos bosques deberían compartirse de manera similar a los ingresos de la explotación de los hidrocarburos. Por otro lado, también se puede argumentar que los dueños de la tierra boscosa tienen el derecho de hacer lo que deseen con su extensión boscosa (dentro de las leyes existentes). Para lograr un compromiso aceptable para todos, probablemente habrá que crear un mecanismo que distribuya parte de las ganancias a Fondos Verdes en todos los municipios de Bolivia y otra parte que vaya más directamente a las comunidades forestales y parques nacionales para crear incentivos y capacidades locales para proteger el bosque.

Si aseguramos que todos los bolivianos se benefician de la reducción de la deforestación, se podría lograr la presión social necesaria para implementar políticas amigables al bosque. Por ejemplo, si el país pierde $1000 en compensación por cada hectárea deforestada, probablemente se podría lograr el apoyo político necesario para aumentar la multa por deforestación ilegal. Actualmente la multa es solamente $0.20 por hectárea, lo que es absurdamente bajo, considerando que el valor del bosque, con el mecanismo REDD, sería por lo menos $1000/ha (3).

(*) Este artículo fue publicado en Nueva Economía el 2 de noviembre del 2009.