Código laboral para una minoría  
Por Armando Mendez Morales*, La Paz, 10 de abril 2010.

La tasa oficial de desempleo urbano está en el orden del 7,5 por ciento que debe ser calificada como la tasa natural de desempleo en Bolivia y que corresponde a su estructura económica. Los economistas cuando hablan de pleno empleo no dicen que no hay desempleo alguno, lo que sostienen es que esta situación implica que el país tiene sólo la tasa natural de desempleo.

El problema laboral en el país no es el desempleo sino la informalidad del mercado de trabajo, su poca profundidad y su baja productividad. Cualquier nueva ley del trabajo puede agravar la situación en lugar de ayudar al incremento en la creación de empleos formales y con mayor productividad, única manera para que los trabajadores puedan mejorar su bienestar. Se debe tomar en cuenta que la informalidad implica que el trabajador no tiene ninguna protección.

Hoy, el nivel de empleo formal, en todas las ciudades del país, debe estar por el orden de unas 500 mil trabajadores, si consideramos como referencia la cantidad de personas que regularmente aportan para su jubilación en la administradoras de pensiones, lo que puede representar, a lo mucho, el 50 por ciento del total de trabajadores que reciben una remuneración, llámese sueldo o salario. Por sueldo, alguna gente, entiende la remuneración de todo trabajador que no sea obrero y usa la palabra salario para referirse a la retribución del trabajador manual llamado también obrero. Esta distinción es ilustrativa cuando se quiere saber cuánta gente en el país trabaja de obrero y cuánta no. Los datos son interesantes, del total de la población ocupada en las ciudades únicamente el 8 por ciento corresponde a trabajo de obrero y el 41 por ciento son empleados. Esto quiere decir que en el mundo laboral la clase obrera es una minoría. Otro millón de personas trabajadoras – o más- no reciben este emolumento porque son trabajadores por cuenta propia o familiares no remunerados.
 

Sin embargo de que existen 500 mil personas que tienen la característica de formalidad, no todos están amparados por la actual Ley del Trabajo. No lo están los funcionarios públicos, que en todo el país deben sumar cerca de 75 mil personas, excluyendo al magisterio que sí está amparado. Se puede suponer que la nueva ley debería incorporar a estos funcionarios para que gocen de la protección de la ley todas estas 500 mil personas, no obstante, la otra mitad estaría fuera junto a más de otro millón de personas, por su carácter informal.
 

Una nueva ley del trabajo, que se está anunciando, con mayores beneficios sociales para los trabajadores formales, copiando las conquistas laborales logradas en los países desarrollados, caracterizados por su alta productividad, denominados “Estados del Bienestar”, puede traer las siguientes consecuencias negativas: a) aumento del costo laboral para las empresas formales, lo que llevaría a subir sus precios de lo que producen y, con ello, perder competitividad con el exterior, en un caso, desaprovechando mercados externos si su producción fuese exportada o, en otro caso, perdiendo el mercado interno, ya que éste sería atendido con el incremento de las importaciones, legales y no legales, por lo cual se reduciría la producción y luego el empleo. b) desinstitucionalizar la relación laboral entre empresarios y trabajadores para no incrementar el costo laboral y, de esta manera, no disminuir el empleo ni la producción, pero con la consecuencia de incrementar la informalidad en el país, el principal problema económico que Bolivia tiene dada su estructura económica.