Se busca regular precios en comercio mayorista

El fin es fijar límites a precios en el sector agropecuario para incentivar la producción nacional y evitar la migración de personas a las que les pagan poco por sus alimentos.

Ventas. Un trabajador entrega alimentos a comerciantes minoristas en el mercado El Tejar (La Paz). Foto: Wara Vargas

El oficialismo presentó un proyecto de ley que apunta a frenar la usura de los intermediarios en la comercialización de productos alimenticios, una propuesta que según expertos puede causar serios problemas al abastecimiento del mercado interno.

La propuesta de norma para el Peso exacto y Precio justo “Ama llulla, Ama sua” fue presentada al Legislativo el 13 de septiembre por el asambleísta Manuel Mamani con el respaldo de otros 15 diputados y un senador de la bancada en Cochabamba del partido en función de gobierno, así como de asociaciones de productores y de organizaciones sociales, entre ellos, los regantes y las Bartolinas.

La norma busca fijar límites a los precios en este eslabón de la cadena alimenticia para incentivar la oferta nacional del rubro y evitar la migración de los productores del campo a las ciudades por lo poco que pagan los intermediarios, los cuales —muchas veces— venden después los alimentos a montos excesivos, explicó Mamani.

“Los productores venden a bajo precio, pero quienes lo aumentan a lo que quieren son los comerciantes mayoristas (…). Este proyecto de ley va a ser importante para que los productores retornen a sus comunidades para cultivar los alimentos de la canasta familiar”, sostuvo el legislador.

El proyecto de ley, que además está en revisión en los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, y de Desarrollo Productivo y Economía Plural, establece la creación de consejos sectoriales conformados por representantes de los tres niveles de gobierno y de organizaciones de productores, los que estarán a cargo del control del precio y peso de los alimentos.

El documento llegó el anterior martes al Comité de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja desde donde fue remitido también a otros dos ministerios: de Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas Públicas, para que las cuatro carteras de Estado evalúen su factibilidad y hagan sus respectivos aportes.

“Nosotros ya hemos evaluado” la propuesta y la “firmamos”, informó el secretario del Comité, el diputado por el Beni Wálter Roque (MAS). En cerca de un mes, los ministerios “enviarán el visto bueno” para que la norma sea revisada en la Comisión de Economía Plural de Diputados. “Allí la aprobaremos rápido y directamente pasaría a la plenaria para aprobarla en grande”, agregó el asambleísta.

La exposición de motivos de la norma enfatiza en que la Constitución, en diferentes artículos, “disiente con toda práctica especulativa que genere niveles de inflación y erosione el poder adquisitivo de la población y el comercio minorista impidiendo el desarrollo económico de alternativas productivas”.

Perspectivas. 

Para el economista Alberto Bonadona, una posible regulación de los precios de los alimentos hará que éstos “su- ban porque los productores acabarán poniéndose de acuerdo en contra de los consumidores”, lo cual desataría “especulación acompañada de ocultamiento de productos” y se generaría “una seria presión inflacionaria”.

La norma podría causar “escasez” y “perjudicaría principalmente a los productores, porque los intermediarios comenzarían a importar” alimentos que en este momento se venden en otros países a precios más bajos que en el mercado boliviano, sostuvo el economista Roberto Laserna.

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