La informalidad laboral supone trabajos que son marginados de los derechos laborales y que están usualmente asociados a bajos niveles de productividad y, desde aquí, de ingresos laborales. En este contexto, el Instituto Nacional de Estadística considera a los informales a la totalidad de los cuenta propia (excluyendo a profesionales independientes) y trabajadores familiares así como a obreros, empleados y patrones o empleadores de establecimientos donde trabajan menos de 5 personas. Bajo esta definición, la mayor parte de los trabajadores bolivianos se encuentra en el sector informal: 70,2% a nivel nacional en el año 2007 - 87,7% en el área rural y 57,2% en zonas urbanas (1).

Considerando derechos, estabilidad y seguridad laboral, sin embargo, se percibe un porcentaje mucho más alto de informalidad en Bolivia: En el año 2007, por ejemplo, el 88,1% de la población boliviana no estaba afiliada a ninguna Administración de Fondos de Pensiones y el 81,7% no contaba con aguinaldo. Estos porcentajes, no obstante, son ciertamente mayores para las categorías: Obreros y Empleados (incluyendo los del hogar).  En 2007, el 45,1% de esta población boliviana no estaba afiliada y el 66,1% no contaba con aguinaldo.

Conociendo estos indicadores de informalidad tan elevadísimos, la respuesta lógica es preguntarse ¿Por qué existen tantos trabajadores excluidos de la  formalidad?

Una respuesta obvia es que la informalidad en Bolivia no solamente está sujeta a la marginalidad en términos de derechos, sino también a la ausencia de obligaciones sociales. Por ejemplo, en el año 2007 apenas el 26,9% de la población boliviana contaba con el Número de Identificación Tributaria (NIT) – el 59,7% de los empleados y obreros y el 11,9% de los empleadores o cuenta propia. En el caso de los empleados y obreros, el NIT los identifica para pagar impuestos en el marco del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) o como empleado o consultor no-dependiente. En el caso de los empleadores o cuenta propia, los incluye para pagar tributos tales como el impuesto a las utilidades, a las transacciones y al gravamen arancelario (cuando importan insumos).

Aunque el RC-IVA puede ser deducido a partir del pago al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los empleados u obreros, tampoco existe equidad en el pago del IVA por parte de los contribuyentes: Es conocido por todos los bolivianos la usual pregunta al comprar productos manufacturados ¿quiere con factura o sin factura?, es decir ¿quiere pagar el IVA o no? Inclusive en la mayor parte de los casos no es posible ni pedir factura pues pocos oferentes tienen factura o número NIT (2). 

Finalmente cabe señalar que la protección social en términos laborales implica costos que directa, o indirectamente, son pagados por los propios beneficiarios; ya sea siendo obreros o empleados o – con mayor razón – empleadores o cuenta propia.

Bajo este escenario, queda la pregunta si en Bolivia la marginalidad o informalidad en cuanto a derechos labores está más bien asociada a preferencias de la población. En este marco, las Encuestas de Hogares de 2005-2006 realizaron consultas específicas en las zonas urbanas; mostrando que más bien a la mayor parte de los empleados y obreros (directos beneficiados de los derechos laborales) les gustaría ser independientes (54,9%). Este porcentaje es alto – aunque menor, 48,3% – inclusive  si de toma en cuenta a los trabajadores que cuentan, en algún grado, con protección laboral como aguinaldo (ver Cuadro 1).

Cuadro 1: Preferencias de la Población Ocupada sobre la ocupación
Población de 10 o más años de edad