COP30 en Belém: desafíos y oportunidades climáticas para América Latina

Por: Javier Aliaga Lordemann

«Actuar hoy por el clima no es un lujo: es la inversión que reduce los costos físicos y de transición, asegura la vida y el sustento de nuestras comunidades mañana.»

La Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) comenzó oficialmente esta semana y se celebra en Belém (Brasil), es la primera COP realizada en la Amazonía y coincide con el décimo aniversario del Acuerdo de París (AP). Los países latinoamericanos enfrentan impactos crecientes del cambio climático y llegan exigiendo una transición energética y alimentaria justa, mayor financiamiento para adaptación y reformas al sistema climático global. Brasil, como anfitrión, puso énfasis en las selvas tropicales (Fondo Bosques Tropicales para Siempre) y la implementación del AP. En suma, esta COP se espera que sea la “COP de la implementación” (más que de nuevos acuerdos), con foco en convertir compromisos en acciones concretas. Habrá que ver de manera expectante que es lo que sucede.

Estos son algunos elementos para entender la dimensión de esta reunión:

Financiamiento climático global y regional

• Metas globales y compromiso de LAC: En la COP29 se acordó un objetivo de financiamiento climático de $300.000 millones anuales para 2035 por parte de países ricos. Para COP30 Brasil presentó la “hoja de ruta Baku-Belém” que propone escalar el financiamiento a $1,3 billones/año para 2035. Esto incluye más préstamos concesionales, alivio de deuda y facilitar el acceso al capital privado. Además, se impulsa el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF) con meta de $125.000 millones para conservación forestal.
• Brechas de financiamiento: Los primeros informes bienales de transparencia (BTR) de COP30 (109 países, 75% emisiones globales) revelan una cruda realidad: sólo se movilizan aproximadamente $63,2 mil millones públicos al año, contra necesidades estimadas de aprox. $3,4 trillones antes de 2030. En el caso de América Latina –responsable sólo del 11% de emisiones mundiales– llega a recibir menos del 17% del financiamiento climático global. Esto refleja su “trampa de renta media” (no es elegible para fondos para países más pobres, pero sigue vulnerable). CEPAL estima que la región necesitará flujos anuales del orden de $215–284 mil millones (3,7–4,9% del PIB regional) hasta 2030 para cumplir los compromisos climáticos.
• Prioridades de inversión: Se insiste en que buena parte del financiamiento faltante se canalice a adaptación y pérdida y daño, tal como lo ha pedido la posición común de América Latina. Por ejemplo, ONU calcula que para 2035 serán necesarios unos $310.000 millones al año sólo para adaptación global, 12 veces los fondos actuales. Los latinoamericanos abogan por duplicar los fondos destinados a adaptación y hacer operativos los compromisos de países ricos (incluyendo el recién creado fondo de pérdida y daño). En contraste, los esfuerzos de algunos gobiernos nacionales son dispares: por ejemplo, México presentó en la PreCOP30 un plan para recortar 225 Mt de CO₂ para 2030, pero mantiene fuerte apoyo a la petrolera Pemex.

Adaptación al cambio climático en América Latina

• Región extremadamente vulnerable: Cerca del 75% de los países de América Latina y el Caribe ya sufren eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes (sequías, inundaciones, huracanes). El huracán Melissa (octubre de 2025) que afectó el Caribe fue un recordatorio de cómo el cambio climático intensifica los desastres. Líderes y ONG insisten en dar prioridad a la adaptación: Costa Rica, por ejemplo, considera indispensable un marco financiero sólido para la adaptación y la gestión de desastres en su nueva NDC.
• Meta Global de Adaptación: El AP incluyó una Meta Global de Adaptación «para incrementar la capacidad de adaptación y resiliencia» sin definirla cuantitativamente. En la COP28 se acordó un marco general, pero aún faltan objetivos medibles e indicadores claros. Desde entonces se redujo una lista inicial de millas de posibles indicadores a unas 100 propuestas; se espera que en COP30 se acuerden los definitivos. Esto es crucial porque la mitad de la población mundial (aprox. 3.600 millones) vive en áreas vulnerables.
• Iniciativas y costos: Los países amazónicos proponen fondos o mecanismos dedicados: por ejemplo, Perú promueve el Fondo Bosques Tropicales para Siempre, Ecuador busca un tratado de no proliferación de combustibles fósiles, y Panamá aborda la adaptación con planos de género y liderazgo local. A nivel regional, el BID estima que América Latina debe invertir entre US$470 mil millones y US$1,3 billones hasta 2050 para cumplir los objetivos de París, parte de los cuales serán para adaptar infraestructura e industrias al clima cambiante.

Rendición de cuentas y transparencia

• Informes de transparencia (BTR): Por primera vez este año se activó el sistema reforzado de transparencia del Acuerdo de París. 109 países entregaron sus primeros Informes Bienales de Transparencia (casi el 75% de las emisiones globales). Estos informes consolidan datos comparables sobre inventarios, medidas climáticas y flujos financieros. Sin embargo, revelan grandes brechas: sólo US$63,2 millones anuales fueron movilizados públicamente en 2021-2022, frente a US$3.396 trillones reportados como necesidades en países en desarrollo. Esto subraya la urgencia de combinar exigencia (seguimiento) con asistencia técnica, para no penalizar a países con menores capacidades en sus informes.
• Plataformas de seguimiento: En línea con el impulso de transparencia, Brasil destaca iniciativas concretas. El banco de desarrollo BNDES lanzó un portal público que permite seguir en tiempo real los proyectos financiados por el “Fondo Clima” brasileño: se registran montos, ubicación, tipo de proyecto y plazos. Entre 2023-2025 el BNDES aprobó R$19.000 millones (US$3,8 mil millones) en créditos climáticos (vs R$1,6 mil millones en 2019-2022). Esta medida promueve la rendición de cuentas local y global, alineada con su alta calificación de transparencia institucional (96.8% según el Tribunal de Cuentas).
• Tratados y demandas ciudadanas: La región cuenta además con marcos jurídicos propios que refuerzan la transparencia climática. El Tratado de Escazú, primera convención ambiental regional, garantiza el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Además, las poblaciones indígenas –quienes protegen gran parte de la Amazonía– exigen mecanismos de rendición más directa: por ejemplo, la COICA (comunidad amazónica indígena) ha reclamado una ventanilla directa en el Fondo Verde para el Clima y financiamiento destinado a prioridades indígenas. Incorporar estas voces y supervisión social es clave para que los recursos se utilicen de manera efectiva y no se desvíen a otros fines.

Energías renovables y eficiencia energética en la región

• Generación limpia líder: América Latina tiene una de las matrices eléctricas más limpias del mundo. Según OLADE, el 80% de la energía eléctrica proviene hoy de fuentes renovables, frente a 30% global. Entre 2015 y 2023 la participación renovable creció del 53% al 64%, reduciendo en 26% las emisiones del sector eléctrico. Esto contrasta con el promedio mundial; En 2024 la región generó 33% de su energía primaria de fuentes no convencionales (eólica, solar, etc.) versus sólo 14,4% global. La razón principal es la hidroelectricidad: ésta cubre el 45% de la demanda regional (vs 16% global), al punto que América Latina aporta sólo 4.4% de las emisiones CO₂ mundiales.
• Crecimiento eólico y solar: Los avances recientes son notables. En 2024 Brasil instaló un total de 86,1 GW de energías renovables (53,1 GW solar fotovoltaica y 33 GW eólica), con aumentos anuales del 40% y 13% respectivamente. Chile sumó 14,2 GW totales (24,6% más solar que 2023), México 19,3 GW, y Colombia creció un 94% en solar, llegando a 1,9 GW totales. Estas expansiones diversifican la matriz y aumentan la resiliencia energética. Además, los costos siguen cayendo: en 2024 el Costo Nivelado de Energía (LCOE, en inglés) promedió apenas $60/MWh en solar y $75/MWh en viento, impulsando una ola de contratos de largo plazo (68 GW de PPAs firmados en 2024, un +33% anual).
• Eficiencia e integración: A pesar de los logros renovables, persisten desafíos de eficiencia. Los sistemas eléctricos latinoamericanos son poco integrados entre países: mejorar la interconexión permitiría escalar más eficientemente la energía renovable. En la demanda, la electrificación aún es limitada (19% del consumo energético regional). Aumentarla (en transporte, industria, ciudades) reduciría restrictivamente el uso de combustibles fósiles. También se destacan necesidades de mayor digitalización, redes inteligentes y almacenamiento para aprovechar las energías variables. En resumen, la región tiene una “ventaja comparativa” (recursos y capacidad limpia), pero requiere planes concertados de integración y eficiencia para materializarla.

Avances en las NDCs y compromisos climáticos nacionales

• Actualización NDC 3.0: En 2025 los países debían entregar sus nuevas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), alineadas con París. Al cierre del año solo algunos países latinoamericanos cumplieron oportunamente (Uruguay, Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, Panamá, Nicaragua). Muchas NDC actualizadas incluyen adaptación (73% de las NDC globales la incorporan) y detallan necesidades financieras. Sin embargo, los analistas critican la escasa ambición general: por ejemplo, algunos países (Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia) presentaron metas condicionadas a fondos externos.
• Contenido de las NDC regionales: Pocas entregas oficiales, pero se sabe que: México prevé reafirmar su neutralidad de carbono al 2050 en la NDC nueva, con énfasis en adaptación y tecnologías limpias; Guatemala impulsa una NDC más ambicioso (eólica y solar al 68% de generación) con electrificación rural masiva; Costa Rica presentará una NDC reforzada con base financiera sólida (incluyendo innovación fiscal y pago por servicios ambientales marinos); y Panamá busca convertir promesas en resultados concretos, subrayando coherencia de políticas, acceso equitativo a fondos y rendición de cuentas. Por su parte, Perú plantea un fondo amazónico de compensación forestal (“Tropical Forests Forever Fund”) y avances en REDD+ indígenas; Chile y Colombia llevan políticas de carbono cero a largo plazo; etc.
• Enfoque en justicia climática: El bloque latinoamericano acordó en la PRE-COP30 en Ciudad de México centrado en tres prioridades: eliminación gradual de combustibles fósiles, acelerar la acción climática y priorizar la adaptación. Se espera que en Belém la región insista en que las NDC reflejen esa visión, con justicia (reconocer la contribución histórica de Occidente) y apoyo financiero. Como advierte el informe de NDC global, con los planos actuales el planeta va hacia 2,1–2,6 °C de calentamiento; la “NDC 3.0” de 2025 es la última oportunidad para encaminarse a 1.5 °C.

En conjunto, América Latina encara la COP30 impulsando un mensaje: la región quiere liderar el cambio climático como “solución” (gracias a su matriz limpia y biodiversidad), pero exige compromisos reales de financiamiento, implementación y gobernanza. El éxito de la cumbre se medirá en anuncios concretos de recursos, herramientas de monitoreo y avances en las metas de adaptación y mitigación, tanto locales como globales.