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Aunque comenzó oficialmente en el gobierno de Carlos Mesa, en gestiones anteriores como de Hugo Banzer Suárez se sentaron las bases. Además, en dos ocasiones se trató de levantar sin éxito. Conoce la visión de expertos y los hitos en este Explicador.
La subvención a los hidrocarburos en Bolivia, establecida en 2005 durante la gestión de Carlos Mesa, se mantuvo vigente pese a los intentos de modificación de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. Esta medida finalizó con la promulgación del Decreto Supremo 5503, atribuido a la administración de Rodrigo Paz Pereira, que suprime la subvención tras dos décadas de aplicación.
Con esta normativa, Bolivia cierra un ciclo que marcó su política económica y estabilidad social desde principios de siglo. La medida, que surgió en un contexto de crisis política y como medida de emergencia, se mantuvo a lo largo de sucesivas gestiones debido a su impacto directo en el costo de vida.
El Decreto Supremo 5503 establece los nuevos precios de los carburantes en el mercado nacional: Bs 6,96 para el litro de gasolina y Bs 9,80 para el de diésel. Según el documento, estos valores buscan la nivelación de los costos locales con los precios vigentes en el mercado internacional.
¿Cuándo comenzó la subvención a los hidrocarburos?
Para analizar el alcance del ajuste actual, es necesario revisar los antecedentes. El 28 de enero de 2005, el gobierno de Carlos Mesa promulgó el Decreto Supremo 27992. Según Raúl Velásquez, analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, esta norma inició el periodo de subvención más prolongado en la historia del país.
«Esa normativa abrogó las disposiciones que permitían ajustar el precio de los productos derivados del petróleo ante variaciones tanto del tipo de cambio como del precio internacional», explica Velásquez.
Desde entonces, los precios se mantuvieron fijos en Bs 3,74 para la gasolina y Bs 3,72 para el diésel. Sin embargo, el analista advierte que el impacto estructural comenzó meses antes: «El D.S. 27691 de agosto de 2004 fijó el precio del barril de petróleo en el mercado interno en 27,11 $us/Bbl, lo que marcó el principal desincentivo a la inversión en exploración petrolera, ya que dicha norma sigue vigente hasta nuestros días”.
El fracaso de 2010
El primer intento de modificar este congelamiento de precios ocurrió el 26 de diciembre de 2010, cuando el gobierno de Evo Morales promulgó el Decreto Supremo 748. No obstante, la medida generó protestas sociales y un rechazo ciudadano generalizado —conocido como el «gasolinazo»— que derivó en la abrogación de la norma cinco días después.
El analista Raúl Velásquez considera que aquel ajuste de 2010 no fue implementado de forma adecuada: «El ajuste realizado mediante este decreto fue torpe, ya que se lo hizo a través de una modificación de la alícuota del Impuesto a los Consumos Específicos sobre Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) con claros objetivos fiscales»
Lamenta que no se aprovechó el periodo de mayores ingresos económicos para nivelar los precios: “El momento más adecuado para ajustar la subvención era durante el auge de la bonanza vivido entre 2009 y 2015, ya que el país se encontraba en un escenario de superávit fiscal y creciente ingreso de divisas”.
Finalmente, el gobierno de entonces decidió mantener la subvención para preservar la estabilidad política, postergando la resolución del costo fiscal de la subvención para las siguientes administraciones.
“Desastre estatista»
El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos analizó el escenario técnico y político que derivó en la supresión de la subvención. Para él, la promulgación del Decreto Supremo 5503 responde a la actual situación económica, marcada por la reducción en la producción de hidrocarburos y la limitada disponibilidad de divisas.
“El país no puede darse el lujo ni puede seguir subvencionando y peor haciendo contrabando con combustible importado y con dólares que no tenemos”, sostuvo Ríos.
Respecto a las gestiones anteriores a la administración de Paz Pereira, Ríos cuestionó la falta de decisiones sobre los precios de los carburantes: “El último en subir el diésel fue Carlos Mesa. El siguiente que no tuvo los pantalones para subir y que necesitaba era Evo Morales. Y el siguiente que no tuvo nada de pantalones fue Luis Arce Catacora, que quiso llamar a un referendo”.
Intento fallido de Arce
La propuesta del expresidente Luis Arce para resolver la subvención mediante un referendo nacional fue calificada por analistas como una medida para delegar a la población una decisión de carácter técnico y ejecutivo. Al respecto, Ríos señaló que la convocatoria a la consulta popular demostró una falta de determinación política para abordar la problemática de forma directa.
La consulta propuesta buscaba que la ciudadanía decidiera el futuro de la subvención. Para Ríos, este planteamiento fue un mecanismo de dilatación ante una situación económica que, debido a la disminución de divisas y de producción de hidrocarburos, requería medidas urgentes para evitar el desabastecimiento.
El exministro sostiene que el escenario actual es consecuencia de un modelo económico aplicado durante las últimas dos décadas. «Es una medida necesaria y difícil políticamente, pero debía ejecutarse», afirma Ríos, refiriéndose a la nivelación de precios como una respuesta a los efectos del sistema estatista.
Asimismo, la exautoridad señala que el desajuste de precios incentivó actividades ilícitas: “Con subvención, nadie te va a prestar para que el producto se vaya y para que cuatro o cinco se enriquezcan con la plata del combustible subvencionado”.
Distintos contextos
El analista Francesco Zaratti coincide en que el contexto actual difiere significativamente del de 2010. Según su análisis, la aceptación de la medida responde a que la población asocia la subvención con las dificultades en el abastecimiento, no como un beneficio.
“Yo creo que este (decreto) va a resultar porque la gente ha sufrido el problema en su carne con las filas de horas, de días, inclusive del diésel. La gente se ha convencido de que la subvención es malo porque favorece el contrabando”, explica Zaratti.
El experto destaca que la motivación del Decreto Supremo 5503 es distinta a la de 2010: “La medida de Evo Morales fue un aumento de precios para cubrir el costo de las importaciones. Lo de ahora busca eliminar la subvención a los carburantes importados”.
Zaratti también explica la diferencia entre los nuevos precios: “Producimos 40% de la gasolina que consumimos, pero solo el 10% del diésel que necesitamos. Por eso el precio diferenciado entre gasolina y diésel”.
Además, cuestionó la estrategia de comunicación de hace 15 años, señalando que el anuncio entre Navidad y Año Nuevo fue percibido como una medida para evitar la reacción social.
Por su parte, Raúl Velásquez de la Fundación Jubileo sostiene que la «subvención general» vigente por dos décadas generó distorsiones en el sistema económico y en los hábitos de consumo de la población.
“La subvención distorsionó el sistema de precios en toda la economía e incentivó el contrabando. Se convirtió en un incentivo al consumo. Las personas no valoraban su costo real y mal utilizaban ambos energéticos, con largos paseos de fin de semana o viajando una persona por cada vehículo”, señala Velásquez.
El analista advierte que no realizar este ajuste implicaría un riesgo de desabastecimiento y el agravamiento de la crisis energética.
Con la promulgación del D. S. 5503, Bolivia busca resolver un desequilibrio fiscal que, según los especialistas, debió abordarse con anterioridad. El impacto de esta nivelación de precios determinará si se logra estabilizar la economía tras un periodo de agotamiento de reservas internacionales vinculado al sostenimiento de los precios de los combustibles.
Banzer sentó las bases de la subvención
En 1997, durante la presidencia de Hugo Banzer y la vicepresidencia de Jorge Quiroga, se promulgó el Decreto Supremo 24914. Esta norma introdujo una metodología para calcular los precios internos de los productos derivados del petróleo.
Según Raúl Velásquez, experto en hidrocarburos de la Fundación Milenio, entre 1997 y 2004 se aplicó un esquema de subvención distinto al actual. Este consistía en un mecanismo de amortiguación ante las fluctuaciones internacionales mediante ajustes al Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) y la creación de un fondo de estabilización para absorber variaciones fuera de una banda de precios predefinida.
Este sistema antecedió al periodo de subvención fija que se extendió durante las últimas dos décadas en el país. El escenario cambió en agosto de 2004, cuando el gobierno de Carlos Mesa dictó el Decreto Supremo 27691, que fijó el precio del barril de petróleo para el mercado interno en 27,11 dólares ($us).
“Esta medida se convirtió en un desincentivo para la exploración petrolera en Bolivia, precisamente cuando los precios internacionales del crudo iniciaban una tendencia al alza”, señaló Velásquez. Desde entonces, la producción nacional ha registrado un descenso constante, relacionado con la reducción de la inversión en exploración.
Los analistas coinciden en que la situación actual es el resultado de la falta de inversión sostenida en el sector y del impacto fiscal de la subvención a los carburantes.
Apuntes relevantes históricos
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Gestión de Jaime Paz Zamora (1989-1993): Su periodo se caracterizó por el uso de los ingresos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como herramienta de política fiscal. Se mantuvieron precios bajos para incentivar el consumo de energéticos alternativos, como el Gas Licuado de Petróleo (GLP) en sustitución del queroseno.
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Gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997): Se establecieron las bases de la fijación de precios mediante la Ley de Hidrocarburos 1689 de 1996, que permitió la capitalización del sector. Bajo este esquema, se buscó alinear los precios internos con los del mercado internacional; sin embargo, la inestabilidad social de la época limitó la fluctuación libre de los costos.
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Gestión de Hugo Banzer Suárez (1997-2001): En 1997, se implementó formalmente un mecanismo de subvención mediante decretos que frenaron el alza de precios para contener la inflación. Se estableció un sistema de compensación a las refinerías para mantener los precios fijos ante el incremento de la cotización internacional del petróleo.
La información de estos últimos puntos fue extraída del análisis sobre las políticas de precios y subvenciones a los hidrocarburos entre 1986 y 2025, elaborado por el Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD). Puedes leer a detalle aquí.
