INESAD
Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala y Honduras enfrentan distintos episodios de protesta o malestar vinculados al encarecimiento de las naftas y el diésel. Economistas advierten que el impacto trasciende al transporte y termina trasladándose a alimentos, producción y servicios
El incremento de los precios de los combustibles vuelve a convertirse en un foco de tensión social en distintos países de América Latina. Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala y Honduras atraviesan episodios de protestas, bloqueos o fuerte malestar ciudadano vinculados con el encarecimiento de la gasolina y el diésel, mientras los gobiernos buscan equilibrar el costo fiscal de los subsidios con el impacto que las subas tienen sobre los hogares.
El problema no se limita al conductor que debe pagar más para llenar el tanque. El combustible constituye un insumo transversal para el transporte de pasajeros y mercancías, la agricultura, la industria y la distribución de alimentos. Por ello, un aumento significativo puede generar efectos en cadena sobre los precios y reducir el poder adquisitivo de las familias.
Bolivia elimina subsidios y enfrenta protestas
Uno de los casos más delicados se registra en Bolivia. El Gobierno de Rodrigo Paz anunció el fin de la subvención al diésel en el marco de un programa de estabilización respaldado por un crédito de US$1.900 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La medida busca reducir el costo que representan los subsidios para las cuentas públicas, pero implica un fuerte ajuste para consumidores y sectores productivos. El Gobierno extendió además por otros 90 días el estado de excepción vigente desde junio, en un contexto marcado por protestas y reclamos.
El economista boliviano Javier Aliaga Lordemann, del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD), advirtió que aplicar varios ajustes simultáneamente puede provocar un «shock» inflacionario, debido al encarecimiento del transporte y la distribución y al aumento de los costos de producción.
Honduras: camioneros bloquean rutas
En Honduras, camioneros y transportistas urbanos bloquearon el lunes 21 de septiembre varias carreteras del oriente del país para reclamar por el aumento de los combustibles.
De acuerdo con un análisis de Consulting HNL citado por DW, la gasolina acumula un incremento de aproximadamente 50% desde comienzos de año, mientras que el diésel aumentó alrededor de 80%.
El sector transportista sostiene que las subas reducen sus márgenes y obligan a trasladar parte del incremento a las tarifas y al precio final de los productos.
Chile y Ecuador ya enfrentaron fuertes ajustes
Chile también experimentó este año un fuerte aumento de los combustibles, episodio denominado «bencinazo». El 23 de marzo, el Gobierno de José Antonio Kast anunció una subida histórica de la gasolina y el diésel, que tuvo repercusiones sobre los hogares y sectores productivos.
Ecuador enfrentó un escenario similar en septiembre de 2025, cuando el Gobierno de Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel automotor. El precio pasó de US$1,80 a US$2,80 por galón, mientras el Estado buscaba reducir un gasto fiscal que rondaba los US$1.100 millones anuales.
La decisión desencadenó protestas masivas. Aunque el Gobierno mantuvo la eliminación del subsidio, posteriormente congeló el nuevo precio.
Guatemala también registró movilizaciones durante septiembre debido al incremento de los combustibles.
El combustible termina afectando toda la economía
Los especialistas consultados coinciden en que el problema va mucho más allá del precio exhibido en las estaciones de servicio.
Cuando aumenta el costo de trasladar personas y mercancías, las empresas enfrentan mayores gastos operativos. El efecto puede alcanzar posteriormente a los alimentos, productos industriales y servicios.
«Una variación de precios tiene efectos de segunda ronda sobre casi toda la economía», explicó Aliaga Lordemann, quien señaló que el combustible es utilizado transversalmente por la agricultura, la minería, la industria y el transporte.
El sociólogo chileno César Guzmán Concha, investigador de la Scuola Normale Superiore de Pisa, señaló que existe una relación documentada entre aumentos importantes de productos básicos y episodios de protesta social.
Subsidios: alivio inmediato y costo fiscal
El debate regional también gira alrededor de los subsidios. Estas herramientas permiten contener temporalmente el impacto sobre los consumidores, pero representan un costo para las finanzas públicas.
Aliaga Lordemann considera que un subsidio universal y permanente puede terminar beneficiando proporcionalmente más a los sectores de mayores ingresos, debido a que estos suelen consumir más combustible y poseer más vehículos.
Como alternativa, plantea mecanismos temporales de compensación dirigidos a los hogares vulnerables y medidas específicas para los sectores donde el aumento del combustible genera mayores efectos sobre el resto de la economía.
El desafío para los gobiernos consiste, por tanto, en definir cómo distribuir el costo de los ajustes sin profundizar la inflación ni generar una presión social que termine convirtiendo una decisión económica en un conflicto político.
La experiencia reciente de la región muestra que retirar subsidios o trasladar rápidamente los precios internacionales al consumidor puede generar fuertes reacciones cuando los ingresos familiares ya están presionados por el costo de vida.
Por ello, los expertos citados plantean que la gradualidad, las compensaciones focalizadas y una comunicación clara sobre las medidas pueden ser herramientas para reducir el impacto social de los ajustes.
Fuente: DW
