INESAD
El analista económico advierte que el primer desembolso fortalece la confianza y puede facilitar nuevos financiamientos, pero subraya que la estabilización requiere ajustes fiscales, monetarios, cambiarios y energéticos, además de condiciones que incentiven la inversión privada.
El investigador senior asociado de INESAD PhD Javier Aliaga realizó un análisis de las implicaciones del acuerdo entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI), destacando que el primer desembolso de 214 millones de dólares constituye una señal de confianza para la economía nacional y un punto de partida para avanzar hacia un proceso de estabilización y ordenamiento económico.
Según Aliaga, este monto representa aproximadamente el 11% del financiamiento total acordado, de 1.900 millones de dólares a 36 meses. Más allá de su dimensión, su principal valor radica en el efecto catalizador que puede generar sobre las expectativas económicas, la recuperación de las reservas internacionales y la disponibilidad de divisas. Los recursos, de libre disponibilidad, están orientados a fortalecer las reservas del Banco Central de Bolivia (BCB) y contribuir a reducir la volatilidad cambiaria.
El analista también destacó que el acuerdo puede facilitar nuevas negociaciones de financiamiento con el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), por montos estimados entre 500 y 800 millones de dólares. Asimismo, podría contribuir a recuperar la confianza del sistema financiero, incentivar la devolución de dólares a los ahorristas y promover la repatriación de divisas provenientes de las exportaciones.
No obstante, Aliaga advirtió que el acceso a los recursos del FMI está sujeto a condiciones estrictas. Las revisiones trimestrales del cumplimiento de metas e indicadores determinarán la continuidad de los desembolsos, lo que exige disciplina en la implementación del programa, especialmente ante la vulnerabilidad de las reservas líquidas del país.
Cuatro pilares para la estabilización económica
Para Aliaga, el ordenamiento de la economía boliviana requiere una intervención secuencial y coordinada en cuatro áreas fundamentales.
La primera es la estabilización fiscal, que implica reducir el déficit del Estado, avanzar gradualmente en la eliminación de subsidios y cerrar o reestructurar las empresas públicas deficitarias. La segunda corresponde al ámbito monetario, donde considera indispensable limitar la emisión monetaria del BCB destinada a financiar el déficit fiscal, así como encarecer el crédito para moderar las presiones inflacionarias.
La tercera área es la estabilización cambiaria, que demanda recuperar las reservas internacionales, incrementar la oferta de divisas mediante las exportaciones y el turismo, y reducir la volatilidad del tipo de cambio. Finalmente, la cuarta es la estabilización energética, un sector que enfrenta un triple déficit: cuantitativo, por la escasez de combustibles; cambiario, por la elevada demanda de dólares para importar diésel y gasolina; y fiscal, por el peso de los subsidios.
Desde esta perspectiva, el financiamiento externo constituye una herramienta para facilitar la transición, pero no sustituye las reformas estructurales necesarias para corregir los desequilibrios de la economía.
Menor riesgo país y condiciones para la inversión
Aliaga señaló que el acuerdo con el FMI puede contribuir a reducir el riesgo país al mejorar las expectativas cambiarias y facilitar el reordenamiento de los pagos a proveedores de combustibles. Sin embargo, advirtió que la recuperación de la inversión privada, especialmente en hidrocarburos y energía, requiere condiciones adicionales.
En particular, remarcó la necesidad de reformas legales e institucionales que otorguen seguridad jurídica y previsibilidad a los inversionistas internacionales. Sin estas garantías, la disponibilidad de financiamiento externo difícilmente se traducirá en un incremento sostenido de la inversión y de la capacidad productiva nacional.
El costo social del ajuste y los riesgos de postergar las reformas
El analista reconoció que la estabilización tendrá costos sociales durante la transición. El proceso podría estar acompañado de una desaceleración temporal de la actividad económica, restricciones del gasto y presiones sobre la inflación y la pobreza, lo que hace necesario considerar los efectos sobre los sectores más vulnerables.
En este contexto, cuestionó los incrementos salariales que no estén respaldados por mejoras previas de productividad, al considerar que pueden intensificar las presiones inflacionarias y erosionar el poder adquisitivo, especialmente de los trabajadores informales y de quienes no perciben un salario fijo.
Finalmente, Aliaga advirtió sobre los riesgos de postergar las medidas de ordenamiento económico. A su juicio, retrasar los ajustes necesarios puede profundizar los desequilibrios y elevar el costo económico y social de la estabilización. Por ello, el desafío para Bolivia consiste en aprovechar la oportunidad que ofrece el acuerdo con el FMI para avanzar hacia una economía más estable, recuperar la confianza y sentar las bases de un crecimiento sostenible.
