La pobreza en municipios con pozos de gas llega hasta un 82%

Expertos afirman que las empresas que operan en el país pagan los impuestos y regalías y que el Estado y las regiones son los responsables de ejecutar los programas.

La pobreza en los municipios  donde se desarrollan las principales actividades hidrocarburíferas del país, ronda entre un 43,2% y un 82,8%, según el análisis elaborado por la Plataforma Energética del Centro de Estudios Laborales para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

Expertos del sector afirman que las empresas que operan en el país cancelan impuestos y regalías, por lo tanto el Estado y las regiones son los responsables de ejecutar programas, como lo señala la Constitución Política.

Las cifras  con base a los Censos Nacionales de Población y Vivienda revelan que en 2001, la pobreza en los municipios de los departamentos  de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, donde se encuentran los mayores campos gasíferos, alcanzó hasta 97,8% por ejemplo en Huacaya (ver gráfica).

Con el Censo de 2012,  este índice   sólo bajó  a un  82,8%. En el lugar, la empresa Repsol opera el campo Margarita-Huacaya, compartido  entre  Tarija y Chuquisaca.
Pese a la reducción de la tasa, aún es  la más alta frente a las que registran  otras regiones como Caraparí o Villamontes, ambos en Tarija, donde están los megacampos Sábalo y San Alberto.

“Pese al auge de la actividad hidrocarburífera registrada en el periodo intercensal,  se puede apreciar que en municipios  de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, donde se ubican los campos gasíferos en producción más grandes del país, persiste un elevado porcentaje de población pobre y, en todos ellos, la tasa de pobreza supera  la del promedio de sus  departamentos”, señala el documento.

El CEDLA da cuenta que  pese a contar con recursos naturales que han generado los mayores excedentes económicos durante la última década, la  población en esos municipios no ha alcanzado los niveles promedio de satisfacción de sus necesidades.

De hecho la población ubicada en el umbral de pobreza, supera en promedio el 20%, el 36% y el 15%, en Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, respectivamente.

Por lo tanto, son más vulnerables frente a cambios económicos fuertes, como es el caso de los sectores extractivos ligados a precios altamente volátiles.

Un aspecto que explica  el escaso  impacto de la actividad hidrocarburífera –caracterizada por ser intensiva en capital– es la poca vinculación de la actividad extractiva con la expansión del mercado interno, expresada en este caso en la demanda de mano de obra local, señala el CEDLA.

Por ejemplo cita que en 2012, las regiones mencionadas anteriormente registraron una tasa muy baja de la población ocupada donde se realiza explotación,     la mayoría se dedica a la  agropecuaria.

Es el caso del municipio de Cabezas, en Santa Cruz, donde está el campo Río Grande, pero la mano de obra  ocupada no supera el 1,9%; mientras que la agricultura registró el 56,2% (ver gráfica 2).

Para el ex superintendente de Hidrocarburos, Carlos Miranda, las industrias no vienen con el ánimo de ayudar al desarrollo de la zona, sino con la intención de hacer la menor inversión posible y obtener el máximo  beneficio.

Aunque ahora se ve que las petroleras ayudan lo más que pueden. “El monto de inversión que destinan  es el más grande comparado con todo lo que contribuyen al desarrollo local, para eso pagan regalías e impuestos. Además es una característica de la industria petrolera al igual que la minera o  cualquier sector extractivo”, mencionó la exautoridad regulatoria.

La directora del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad), Beatriz Muriel, opinó que las empresas estatales y privadas grandes están bajo el paraguas de la normativa boliviana.

“Las empresas cuentan con políticas de responsabilidad social para las comunidades de incidencia. Sin embargo, la filosofía de las políticas tributarias es que, a través de éstas, el Gobierno tenga recursos para  proveer bienes públicos sociales (educación, salud, servicios básicos, etc.) y generar equidad. Las empresas pagan impuestos, por lo tanto es responsabilidad del Estado”, recordó.

Muriel indicó que en el país está vigente la Ley de Hidrocarburos 3058, en la que establece que la renta hidrocarburífera para el Estado se incrementa al 50% de la producción, la cual es compuesta por la regalía de 18%  (11% a los departamentos productores; 1% para Beni y Pando; el  6% para el Gobierno central) y el 32% es el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

El secretario de Gestión de la Gobernación de Tarija, Rubén Ardaya, enfatizó que la tasa de pobreza en su región disminuyó en los últimos años y que incluso tienen uno de los menores índices comparado a otros departamentos como Santa Cruz.

Citó que los recursos que se obtienen  por la explotación del gas se  destinan a proyectos como la electrificación, agua potable, riego, servicios de educación, seguros de salud, entre otros y buscan reducir la pobreza en el departamento.

Pelea por Incahuasi

Conflicto.- En Lagunillas, provincia Cordillera   donde está ubicado Incahuasi, el campo gasífero de la discordia entre Santa Cruz y Chuquisaca, alrededor de  siete de cada 10 de sus habitantes viven en la pobreza, según del CEDLA.

Trabajo.- En Lagunillas, el 1,7% de la población ocupada está en las actividades de minería e hidrocarburos, un 51,8% en la agricultura y 46,4% en otras actividades económicas.
Jubileo apunta  a la falta de planificación de las políticas

La problemática de la poca articulación del sector hidrocarburo con la economía local de las regiones productoras, es reflejo de la falta de visión y articulación de las políticas sectoriales con la planificación nacional y departamental, consideró  la Fundación Jubileo.

Según el investigador Raúl Velásquez, las demandas sociales durante los últimos 18 años se enfocaron  más en lograr una mayor participación de la renta y se olvidaron  por completo en debatir el uso estratégico que deberían tener estos recursos y que sea sostenible a largo plazo.

“Evidentemente en las localidades próximas a proyectos hidrocarburos no se han solucionado las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), durante el superciclo de precios de gas natural, 2004-2014”, mencionó.

En su criterio si bien hubo  mejora en los ingresos que recibe una familia promedio en esos lugares, fueron de corto plazo y promovidos por aspectos específicos como la construcción de una planta de procesamiento  de gas o la planchada de un campo hidrocarburífero.

De acuerdo con el análisis del investigador,  pese a los intentos que realizaron las regiones como Tarija, que intentó  que las petroleras prioricen la mano de obra local, lamentablemente el Gobierno central  tiene más interés en que se desarrollen las actividades petroleras y no así en  buscar que  estas operaciones,   puedan coadyuvar en las economías locales.

Para Velásquez ante la ausencia de políticas de Estado, las compañías petroleras se limitan a ejecutar programas de Responsabilidad Social, en los cuales promueven  proyectos productivos, cubren necesidades de educación o de salud en las comunidades y municipios próximos a sus operaciones, cumpliendo en muchos casos el rol de Estado.

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