UN PAÍS CON ENERGÍA ES UN PAÍS PARA TODOS

CARTA INFORMATIVA No. 3

UN PAÍS CON ENERGÍA ES UN PAÍS PARA TODOS

Por: Javier Aliaga Lordemann

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Resumen:

Apreciado boliviano, apreciada boliviana:

En más de quince años de experiencia profesional en el sector energético, tanto nacional como internacional, he podido constatar, de primera mano, que la energía juega un papel muy importante en el crecimiento económico de un país, pero también en la erradicación de la pobreza, en el mejoramiento de la educación, en la reducción de la mortalidad y en el acceso a una atención medica de calidad, entre muchos otros elementos.  Diría que la energía es el hilo conductor que une el crecimiento económico, la equidad social y la sostenibilidad ambiental; en suma, lo que podríamos llamar un crecimiento inclusivo de calidad.

De acuerdo con el Banco Mundial (2020), cerca de 800 millones de personas aún viven sin electricidad en todo el mundo. Según Aliaga (2020), el acceso a la energía en Bolivia ha mejorado significativamente –la energía eléctrica urbana pasó del 97,6% de la población en el año 1999 al 99,5% en el año 2019, mientras que la energía eléctrica rural pasó del 27,1% en 1999 a cerca del 80% en el año 2019–; pero aún persisten importantes brechas en la equidad del consumo de energía eléctrica. Un claro ejemplo es que existen al menos 200.000 hogares rurales que dedican muchas horas a recolectar leña o desechos de animales para cocinar.

El sector energético contribuye al abastecimiento de la energía en los hogares, las industrias, las instituciones públicas, etc. A nivel económico, la exportación del gas natural –a Brasil y Argentina– genera divisas, mientras que la producción del gas y el petróleo genera regalías e impuestos. Sin embargo, el país se enfrenta a importantes desafíos en su matriz energética, y las verdaderas soluciones son complejas e impopulares. Por eso debemos apelar a la responsabilidad de los ciudadanos y las ciudadanas de informarse sobre la realidad del país, de cara a construir y consensuar políticas públicas sobre una base informada, así como para conocer los principales problemas del sector energético de Bolivia.

El primer problema consiste en que el país requiere, de manera urgente, reponer las reservas de gas natural. Actualmente contamos con 8,95 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas (YPFB, 2020). Esta cantidad de reservas no permite garantizar plenamente los compromisos de exportación del gas natural, ni generar condiciones para la continuidad de su negocio de exportación ni cumplir con el mercado interno. Además, se tiene, en el sector los hidrocarburos, una política de precios que podría ocasionar problemas de abastecimiento y desincentivos a la inversión privada, entre muchos otros efectos.

El segundo problema es que el sector eléctrico boliviano depende cada vez más del uso de fuentes fósiles para la generación de energía eléctrica. Alrededor del 70% de la capacidad instalada para generar electricidad es térmica; es decir que utiliza fuentes fósiles. Además, la energía termoeléctrica producida está fuertemente influenciada por el subsidio que tiene el gas natural; situación que afecta las finanzas públicas del país. En este contexto, resulta fundamental aumentar la producción de energía eléctrica con fuentes renovables convencionales (hidroeléctricas) y no convencionales (e.g. solar, eólica, etc.). Sin embargo, esta transición puede resultar muy difícil en la medida en que no se sinceren los precios –es decir, que no se eliminen los subsidios– de la energía, tanto para la generación eléctrica como para el consumo del sector del transporte.

Tercer problema: en Aliaga (2020) se observó, durante las últimas tres décadas, una pérdida de la productividad energética del 17,34%; es decir que cada vez se requiere más energía para generar riqueza. Pensemos, solo a manera de ejemplo, en Luchito, que hace 10 años consumía 100 Kwh para producir 1 camisa; hoy necesita 117 Kwh para producir la misma camisa; por lo tanto, necesita más energía eléctrica para obtener el mismo nivel de producción.

Cuarto problema: de acuerdo con Aliaga (2020), la energía eléctrica –sobre todo rural– no es inclusiva. Aunque el 79% de los hogares rurales accede a algún tipo de energía eléctrica –y el 99,5% de los hogares urbanos–, la brecha en el nivel de consumo entre hogares ricos y pobres es alta. Pensemos en una ciudad hipotética con 100 habitantes que tienen acceso a la electricidad: las 10 personas más ricas consumen, en promedio, tres veces más electricidad que las 10 más pobres, y el nivel de consumo de los más pobres no es suficiente para cubrir sus requerimientos de consumo eléctrico.

Además de “acceder a la energía” y “consumir lo necesario”, es fundamental que la calidad de los servicios sea la adecuada, con equipos modernos, costos asequibles y artefactos eficientes. Estos servicios energéticos deben ser fiables, sostenibles y deben ser generados –cada vez más– a partir de fuentes de energía renovable u otras fuentes con un bajo nivel de emisiones de carbono. El uso de la energía debe traducirse en un mayor crecimiento y en el desarrollo económico. Es tiempo de dejar atrás la idea de que la energía es principalmente una fuente de generación de divisas, y comenzar a ver este recurso como un hilo conductor de un crecimiento de calidad de largo plazo para el país.

El sector energético es complejo, y quedan muchas preguntas pendientes que deben ser respondidas en el corto plazo, como las siguientes:

  • ¿Es necesaria una nueva ley de hidrocarburos?
  • ¿Cuál sería un régimen de regalías e impuestos razonable para incentivar la exploración y producción?
  • ¿Qué proyectos de industrialización son factibles?
  • ¿Bajo qué esquema se pueden abrir nuevos mercados de exportación para el gas natural y la electricidad?
  • ¿Cómo administrar, de forma eficiente, los menores ingresos de la exportación del gas natural?
  • ¿Cómo alcanzar un mayor grado de seguridad energética, consistente con una mayor diversificación y flexibilidad de la matriz energética?
  • ¿Cuál sería el tratamiento adecuado con respecto al mecanismo de fijación de precios internos y a los subsidios?
  • ¿Cuáles deberían ser los incentivos adecuados para promover el uso de energías renovables, la eficiencia energética y la generación distribuida?
  • ¿Qué se puede hacer con el exceso de potencia eléctrica instalada en el país?
  • ¿Cuál es la relación costo-beneficio de promover una mayor producción de biocombustibles, y cuál es su efecto a nivel ambiental?
  • ¿Cómo se puede mejorar el acceso y la equidad en el acceso a la electricidad rural de forma eficiente?

Por último, quiero agradecerle, estimado ciudadano y estimada ciudadana, por haber destinado unos cuantos minutos para leer esta carta. Espero que haya sido de su utilidad para entender mejor los problemas del sector energético en el país.

Adjunto a la presente, explico en detalle todos estos estos aspectos.

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