INESAD
Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, y otras ciudades de Ecuador están concentrando las protestas y bloqueos, en medio de un paro nacional, por la decisión del presidente Daniel Noboa de quitar el subsidio al diésel. Hasta el jueves, las protestas ya dejaban más de 60 detenidos.
Con barricadas de tierra, piedras y troncos, cientos de indígenas y campesinos desafiaron el lunes el estado de excepción determinado por el Gobierno y bloquearon carreteras para protestar contra el aumento del precio del diésel.
Con miras a desactivar las protestas, el presidente Daniel Noboa -que anunció la medida de quitar la subvención el 12 de septiembre-, declaró el estado de excepción en ocho de las 24 provincias del país. En cinco de ellas además hay toque de queda nocturno.
Tras la eliminación del subsidio, el galón de diésel (de unos 3,7 litros) pasó de 1,80 a 2,80 dólares. Con la medida, el Gobierno sostiene que ahorrará 1.100 millones de dólares anuales que destinará a bonos para los más vulnerables y créditos productivos.
En el pasado, dos gobiernos ecuatorianos estuvieron a punto de caer por intentar eliminar el subsidio al diésel. En 2019, la revuelta social obligó al presidente Lenín Moreno a derogar las impopulares reformas económicas que incluían un alza importante en el precio de los combustibles.
Tres años después, durante el mandato del conservador Guillermo Lasso, el movimiento indígena también logró bloquear el incremento del precio del combustible y forzar al Gobierno a comprometerse a mantener congelados los precios del diésel y del gas licuado de petróleo. Los enfrentamientos dejaron muertos, heridos y una gran fractura social
Se trata, como también sucede en Bolivia, de una medida extremadamente sensible, porque conduce a un aumento generalizado de precios que golpea fuertemente a los sectores populares.
“El aumento de 56% en el precio del diésel está afectando directamente al más humilde, al más pobre, (a los) que vivimos en las comunidades”, dijo a la prensa internacional Joaquín Tipanluisa, dirigente indígena de Cangahua (norte), un conjunto de aldeas nativas y uno de los focos de protesta.
Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció que se mantendrán “hasta las últimas consecuencias” con las acciones en contra del Gobierno.
Tras una reunión con dirigentes indígenas de la Amazonia, Vargas indicó que se mantendrán firmes en las acciones iniciadas el pasado lunes. “Nos hemos levantado a reclamar nuestros derechos, porque nuestros derechos están siendo violentados por el Gobierno”, dijo Vargas junto con varios dirigentes.
La Conaie sostiene que la medida encarece los insumos agrícolas y alimentos, mientras el presidente Noboa reclama que el Gobierno está “peleando una batalla contra el sectarismo, contra la gente que quiere desestabilizar al Ecuador”. “No vamos a ceder”, sentenció el mandatario, cuya aprobación es de 55%, según la encuestadora Cedatos.
El mandatario argumentó que las protestas han dejado de ser un reclamo legítimo y se han transformado en “ataques calculados para sembrar miedo y desestabilizar todo el país”. Además, afirmó que los líderes de estas acciones carecen de auténtica representatividad y que su verdadero objetivo sería devolver el país al caos.
El Presidente advirtió que los manifestantes que incumplan la ley “serán denunciados por terrorismo y se irán 30 años presos”.
Leónidas Iza Salazar presidía la Conaie durante el gobierno de Lasso. “El tema de los subsidios a los combustibles está anclado en más de 30 años de política pública. Según una ley de 2005, los siguientes gobiernos deben construir una política de compensación social y productiva para que vayamos dejando el diésel poco a poco y que no sea una decisión agresiva, letal, como ha intentado cada gobierno de turno”, dijo a Radio Francia Internacional el líder indígena y excandidato presidencial.
“Al ser el combustible un factor de producción, el incremento de su precio está ligado a toda la economía ecuatoriana”, añadió Salazar.
Y explica que la subida del diésel genera dos efectos inmediatos: El incremento en el precio de los productos de primera necesidad, sobre todo los industrializados, no los productos de los campesinos.
Y un segundo efecto inmediato es la especulación, porque las unidades de producción y los vehículos del transporte recuperan el costo de inversión por el incremento en el precio del combustible. Pero, además, en el mercado, por estar en cadena con todo el sistema de producción, lógicamente se desata la especulación.
Para contrarrestar en algo la medida, Noboa anunció la entrega más de 1.800 bonos raíces y un incentivo de mil dólares por una única vez para pequeños productores.
Además, el Ministerio de Desarrollo Humano anunció que se están entregando en la provincia de Imbabura 400 mil dólares para créditos de desarrollo humano y otros 1,9 millones para créditos mediante cooperativas. También se entregaron 70 títulos de propiedad de tierras y créditos para mujeres rurales. Imbabura, ubicada en el norte del país se ha convertido en el epicentro de las protestas.
Lo que Bolivia puede aprender de la experiencia ecuatoriana de la subvención
¿Qué podría llegar a pasar en Bolivia si el próximo Gobierno decide eliminar la subvención a los combustibles?
Un estudio de Javier Aliaga y Ronaldo Terrazas, economistas e investigadores del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad), evaluó los impactos macroeconómicos de corto plazo derivados de la eliminación de los subsidios a los hidrocarburos en Bolivia, contrastando dos modalidades de implementación, un ajuste abrupto (shock) y una eliminación gradual.
Los resultados muestran que, bajo un ajuste abrupto, la inflación interanual alcanza un pico superior al 32%, acompañado de una depreciación acelerada del tipo de cambio sombra y un repunte temporal del producto, atribuible a adelanto de consumo e inversión, que se revierte en trimestres posteriores.
En contraste, la gradualidad modera levemente el impacto inicial, pero prolonga la persistencia inflacionaria y la depreciación cambiaria, lo que incrementa los costos acumulados de la reforma.
“Los hallazgos evidencian que postergar la reforma incrementa sus costos macroeconómicos y que la coordinación de política monetaria y cambiaria es esencial para mitigar el traspaso a precios internos y contener efectos de segunda vuelta”, dicen los autores.
Y concluyen que un ajuste rápido, acompañado de medidas compensatorias focalizadas y una transición hacia un régimen cambiario más flexible puede reducir el riesgo de espirales inflacionarias autoalimentadas y contribuir a fortalecer la estabilidad macroeconómica en el mediano plazo.
Aliaga lamentó que la intención de Evo Morales de quitar un 80% de la subvención en 2014 no se hubiese concretado, porque solo hubiera generado un efecto inflacionario de alrededor de un 4%, en un año en el que la economía estaba mucho más robusta.
“Hoy el efecto será de 32% y la economía está mucho más débil; aquí hay un tema de pertinencia, nos hemos dormido en los laureles, no se puede dejar de manera irresponsable que un subsidio permanezca en el tempo”, dijo el economista a radio Fides.
“El estudio nos dice que, si se hace de golpe, vamos a tener una inflación del 32%, pero si se lo hace gradual el dolor será más alto, porque se presentará una inconsistencia temporal de la medida, que en términos simples significa que al principio tiene un efecto menor y al repetirlo se van acumulando los desequilibrios”, explicó.
Indicó, además, que cuando se quita el subsidio, primero sube el precio de la gasolina y cuendo esta sube, lo hace también el costo del transporte y este se traspasa a los alimentos, por lo que comienza a generarse una espiral.
“Se trata de un tema de expectativas y confianza; el éxito de esta medida dependerá de la confianza que la gente tenga en que los nuevos gobernantes van a implementar una medida de estas características de manera transparente”, explicó Aliaga.
Mariana Alvear, periodista y analista ecuatoriana, estima que el Gobierno de Ecuador “se ha dejado presionar” por organismos como el FMI en una dependencia hacia los créditos para cubrir el déficit fiscal.
Los precios de la gasolina ya fueron “liberalizados” por el presidente Daniel Noboa en 2023, pero los precios hoy fluctúan en centavos hacia arriba o abajo, por lo que el impacto no es tan contundente como lo que sucede con el diésel.
“Esa medida no genera un impacto tan directo, pero el precio del diésel casi se ha duplicado y eso ha disparado también la especulación en los productos de primera necesidad. En Ecuador hay una falta de lectura política de la situación del país por parte del Gobierno”, dijo Alvear a RTP.
Las lecciones para Bolivia, que se desprenden de las apreciaciones de Alvear, son:
- Levantar los subsidios de manera consensuada.
- Deben tomarse medidas de prevención para los sectores más vulnerables.
- Deben crearse algunas otras medidas para aliviar el impacto en la economía de las familias.
- Evitar introducir una medida de esa naturaleza por la fuerza.
