Con una reducción en los ingresos, el Gobierno transitorio elabora el Presupuesto General del Estado (PGE) 2021. Cuatro expertos analizan las rutas para reducir gastos, optimizar la inversión, generar empleo y, por ende, lograr la reactivación en medio de la crisis.

El 9 de septiembre, el ministro de Economía, Óscar Ortiz, anunció que el Ejecutivo inició la elaboración del anteproyecto de Ley Financial para la próxima gestión, con una reducción en los ingresos tributarios y en las ventas de gas natural a Brasil y Argentina, así como el desafío de bajar el déficit fiscal más allá del 6,6%.

La crisis del COVID-19 ha lastimado, y profundamente, a la economía del país y del mundo.

Precisamente Ortiz dio malas nuevas sobre el tema: el déficit fiscal de este año sobrepasará en al menos Bs 11.000 millones a los Bs 21.000 millones programados; la caída del Producto Interno Bruto (PIB) será de -6,2%; no hay dinero en las arcas y se depende de créditos externos para sobrevivir.

Sobre el PGE 2021, misión que asume el Gobierno pese a su carácter transitorio y a un mes de las elecciones, el analista Jimmy Osorio advierte que ya tiene retraso en su elaboración porque a la fecha todas las entidades públicas debían haber entregado al Ministerio de Economía sus presupuestos para su consolidación.

Además, observa que este documento es una copia del presupuesto 2020. “Asumo que es el tema COVID-19 que está retrasando, pero más allá las directrices no cambiaron nada (…). Sigue vigente el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en colación el Plan 2025. No hay recortes, estamos advirtiendo un copy paste— en términos coloquiales—, una copia del presupuesto para 2020 sin tomar en cuenta los efectos de la pandemia del coronavirus”.

En tanto, la Directora del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad), Beatriz Muriel, considera importante que ante la escasez de recursos para 2021, una estrategia de impacto, de corto plazo, sería disminuir los altos costos de la burocracia estatal, abrir mercados de manera agresiva para los productos nacionales y aprovechar la restricción de movilidad actual para bajar asertivamente el contrabando.

“En pocas palabras, esto implica superar cuellos de botella actuales del desarrollo productivo, dinamizando el sector privado y, desde aquí, la generación de empleos”. En materia de inversión pública, remarca que todos los sectores sociales y económicos son importantes; sin embargo, en esta coyuntura de emergencia sanitaria, ésta debería buscar fortalecer más el sector de la salud.

Osorio añade que para el incremento del presupuesto para salud, dentro de las directrices el Ejecutivo debe establecer que todas las entidades que tienen relación con el tema destinen un presupuesto mínimo o, en su caso, hacer los recortes y transferencias para que en el PGE del próximo año se asigne un 10% al área.

En criterio del economista Jaime Dunn, “no hay mejor inversión estatal que invertir en la gente: salud y educación deben priorizarse. Debería ser una regla que la salud sea siempre un mínimo del 10% del PIB y la educación 8% del PIB”. Bajo premisas como “realismo” y “sinceramiento”, afirma que se deben priorizar obras de impacto social y económico, y para lograr ello se debe eliminar “gastos superfluos” y proyectos que no generarán ningún ingreso económico o bienestar social.

“La inversión pública no debe buscar la política expansiva del gasto porque ya no se cuenta con un espacio fiscal que se disponía anteriormente. Debe eliminarse la financiación de gastos recurrentes e inflexibles a la baja. Hay que reducir gastos corrientes innecesarios, remodelaciones, pasajes, viáticos, publicidad, entre otros,  y orientarse a proyectos de inversión pública con tasas de rendimiento altos”, complementa.

Foto: Proyección. Se prevé reducción en las ventas de gas natural.

Motor

Sobre este tema también opina el economista Roberto Laserna, quien precisa que en el pasado se efectuó inversión pública con la ilusión de que ésta sería el nuevo motor del crecimiento. “No ha ocurrido eso y es muy poco probable que ocurra. La mayor parte de esa inversión ha sido decidida por simple proselitismo y no opera, o lo hace a costos muy altos. Cuando esto ocurre, en vez de ayudar, estorba, porque aumenta el déficit fiscal”.

Por ello, este experto señala que se debe concentrar los recursos en inversiones de reposición y mantenimiento de lo que sí funciona y es necesario (como salud y servicios básicos) congelar temporalmente las inversiones inconclusas que no tienen perspectivas, y abrir las puertas a inversionistas que quieran tomar riesgos con empresas.

Son propuestas que marcan el camino hacia una ansiada reactivación, algo difícil, que no tiene una receta única, aquí en Bolivia, ni en el planeta.

Foto: Urea. La Planta de Bulo Bulo, una inversión paralizada hace un año (YPFB).

Reducir gastos e inversión, dos puntos clave

La reactivación del país debe ser el eje central del PGE 2021 con “ingresos reales”, generar condiciones para la inversión privada y evitar las desigualdades socioeconómicas, coinciden analistas entrevistados por La Razón.

“Esta es la otra cara de la medalla para enfrentar la crisis. Sin reactivación no mejorarán los ingresos fiscales y no se superará el déficit, tampoco mejorarán los empleos y los ingresos”, afirma el economista Roberto Laserna, tras aclarar que la reactivación no depende del gasto fiscal ni de la inversión pública, sino de la inversión y el esfuerzo de la población.

Recomienda alentar la creación de nuevos empleos, buscar mercados y competir. “Hay que reactivar la economía, pero no el rentismo, la burocracia, la dependencia y el extractivismo. Tenemos que volver a confiar en nuestro trabajo y en los que invierten y organizan las actividades económicas en el agro, la industria, el comercio y los servicios. Ni la burocracia ni el presupuesto fiscal van a reactivar la economía y enfrentar la crisis. Los trabajadores, los consumidores, los innovadores, los inversionistas lo harán. Si no se los apoya, por lo menos hay que dejarles de estorbar”.

En tanto, el economista Jaime Dunn explica que la reactivación no existirá de manera sostenible con altos déficits por gastos “insulsos” e inversión pública “ineficiente”. “Dentro del principio de realismo y sinceramiento, el financiamiento del gasto público debe ser con ingresos reales. Los impuestos son los únicos ingresos que un país realmente tiene.

Si eso no alcanza, se debe estimular a que las iniciativas privadas realicen las inversiones que el Estado no puede hacer por los ingresos que no tiene”.

Con una reducción de los gastos innecesarios y de la inversión pública “electoralista” se debe inyectar recursos al sector privado pagando deudas estatales, es decir, disminuyendo la deuda flotante. “Hay millares de empresas que no reciben pagos por servicios dados al Estado, que hoy no pueden pagar salarios y menos realizar inversiones. El Estado no puede ser que contribuya en romper la cadena de pagos y ralentice el crecimiento económico”.

Recuerda que en el presupuesto 2020 se apostó a un precio del petróleo de $us 51,37 por barril, cuando por la crisis llegó a tener un precio negativo. Y que en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2019, debido al proceso electoral previsto para esa gestión, proyectó ingresos que no se llegaron a alcanzar.

“De ahí el déficit fiscal presupuestado y ejecutado desde 2014, que sobrepasó el 8% en 2018. Los PGE del pasado incrementaban el gasto corriente y dependían del endeudamiento para su financiamiento. Eso no debería suceder nunca más”, sostiene.

Recomendaciones

1. Beatriz Muriel: Es importante que la economía sea reactivada para limitar el aumento tanto de la pobreza como de las desigualdades socioeconómicas.

2. Jaime Dunn: A diferencia de los últimos 14 años, ahora puede armarse por primera vez un PGE totalmente apolítico, priorizando las verdaderas necesidades del país.

3. Jimmy Osorio: En el presupuesto 2021 se están haciendo recortes para los gobiernos subnacionales, pero no así para el nivel central; no hay recortes en el gasto corriente, lo que es muy llamativo.