Plataforma de la sociedad civil aboga por desarrollo integral de regiones

Bolivia necesita una nueva arquitectura fiscal con una agenda más amplia que incluya la generación de ingresos, la construcción de capacidades, la concurrencia y otros elementos. El objetivo central no solo debería ser repartir los recursos, sino cumplir con atribuciones y competencias específicas, de acuerdo a la Plataforma de la sociedad civil.

La Plataforma de la Sociedad Civil para la Incidencia Económica y Social sostiene que no sólo se debe priorizar la agenda 50/50, la distribución de recursos, sino la oportunidad de encaminar una reforma integral.

 

“Ese proceso no debería reducirse a una negociación de la distribución de porcentajes entre el nivel nacional y los gobiernos autónomos… Los recursos deben entenderse como el insumo necesario para operativizar un modelo de gestión integral que tenga objetivos claros de desarrollo y reales posibilidades de impactar positivamente en las condiciones de vida y necesidades de la población”, señala la declaración de la Plataforma de la Sociedad Civil para la Incidencia Económica y Social.

 

Plataforma Económica y Social

El país se encuentra en una coyuntura de crisis multidimensional, donde uno de los problemas centrales es la situación económica; sin embargo, ésta no se presenta de forma aislada, sino vinculada a desafíos sociales y de gobernanza, aseguran.

El actual Gobierno, que heredó esta crisis, tiene el desafío y la responsabilidad de implementar un proceso de medidas necesarias y urgentes, sabiendo que implica un camino de recuperación de mediano y largo plazo, que será costoso; pero debe afrontar la actual situación económica con enfoque de derechos para no ahondar o crear nuevas crisis sociales y ambientales.

Muchas de las correcciones pendientes serán medidas complejas y posiblemente impopulares, por lo que existe un riesgo latente de que se posterguen, o que diferentes intereses políticos se antepongan a las soluciones técnicas adecuadas, o que incluso no sean cabalmente comprendidas por la población, advierte.

 

La Plataforma de la Sociedad Civil para la Incidencia Económica y Social está conformada por más de 20 instituciones, redes, entidades académicas, fundaciones y ONG de todo el país. El compromiso es producir, difundir información, análisis y propuestas con rigor técnico, con el propósito de aportar a las transformaciones estructurales necesarias para el desarrollo sostenible, equitativo e inclusivo.

 

En la agenda inmediata está el seguimiento al planteamiento del Gobierno del presidente Rodrigo Paz de establecer la Agenda 50/50 sobre la redistribución de los recursos fiscales entre el nivel central y las Entidades Territoriales Autónomas.

No obstante, el actual momento constituye una oportunidad para diseñar y poner en práctica, de manera efectiva, el régimen autonómico establecido en la Constitución Política del Estado que, hasta la fecha, tiene aún muchos elementos inconclusos o pendientes, y que diferentes instituciones han ido planteando.

 

Es también la oportunidad para superar la dispersión y la limitada optimización de recursos, avanzando hacia un sistema que contribuya al bienestar real de la población y a definir qué tipo de desarrollo se pretende construir a través de las autonomías, sostiene la declaración.

 

Para abordar este proceso, se debería tomar en cuenta un análisis de la complicada situación económica actual, puesto que, entre los diferentes problemas persiste un profundo déficit fiscal (brecha entre ingresos y gastos) que requiere ser atendido; y las determinaciones resultantes del proceso no deberían agravar la crisis mediante la expansión del gasto, el incremento del déficit y el endeudamiento.

Para la Plataforma, se requiere un diagnóstico de las capacidades reales, sostenibilidad y efectividad de los gobiernos autónomos para la prestación de servicios, alcanzar una autonomía económica, la gestión operativa; es decir, el ejercicio de sus competencias; reconociendo que hay realidades de escala territorial que sobrepasan las jurisdicciones municipales.

El análisis y evaluación a realizarse también debería incluir al Nivel Central en el cumplimiento de sus funciones. Será fundamental, además, abrir la información del Estado para que el debate sea técnico, transparente y basado en datos reales.

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