El gran reto: los menores ingresos fiscales

Foto: Beatriz Muriel, Directora Ejecutiva de Inesad.

Los programas de gobierno –para las elecciones presidenciales de este mes de octubre–  plantean una serie de políticas públicas para promover el desarrollo y el bienestar social; sin embargo, quedan vacíos sobre con qué recursos se contará  para poder cumplir con todas estas propuestas.

Cabe recordar que, desde el año 2014, los saldos de las cuentas fiscales han sido persistentemente deficitarios, dirigidos, en buena medida, a inversiones estatales para contrarrestar la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en el corto plazo. A esto se agrega el hecho que los ingresos fiscales bajaron debido a que las exportaciones de gas natural a Brasil y Argentina disminuyeron, una vez que el súper-ciclo de los precios internacionales de materias primas finalizó.

Como resultado, Bolivia experimentó un rápido incremento de la deuda pública total (interna y externa), que pasó de alrededor del 37% (en porcentaje del PIB) en 2014 a cerca del 55% en 2019 (estimaciones a partir de datos oficiales). Aún más, la actual crisis sanitaria ha demandado recursos públicos extraordinarios tanto para enfrentar los problemas de salud, como para amortiguar los efectos nocivos que tuvo sobre la economía; en un contexto de menores recaudaciones tributarias por los diversos problemas generados por las medidas de aislamiento en el país y a nivel mundial. Algunas proyecciones preliminares sugieren que la deuda pública total se encontrará en torno al 65% (en porcentaje del PIB) al final del año 2020.

En este escenario, será primordial que el nuevo Gobierno analice y delimite escenarios sobre cuánto serán los ingresos fiscales en los siguientes cinco años, lo que le permitirá conocer la salud de las cuentas del sector público. Esto se hace particularmente urgente ante la necesidad de transparentar la información sobre los ingresos provenientes del gas natural. Cabe recordar que, en el año 2018, el Gobierno y la empresa canadiense Sproule anunciaron que el país tenía reservas probadas de gas natural de 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF), frente al escepticismo de varios expertos en la materia.

Este escepticismo se confirmó con el nuevo Gobierno cuando señaló que, en realidad, estas reservas ascendían a 8,95 TCF. Esto quiere decir que las exportaciones de gas natural no solamente serán más bajas por la caída en los precios, sino también por la menor producción; a no ser que ocurra un milagro y se tengan en un cortísimo plazo nuevas reservas probadas de este recurso natural. A esto se agrega el hecho de que el menor crecimiento de los restantes sectores –como manufacturas, turismo y minería, entre otros– generará menores recaudaciones tributarias comparativamente a años anteriores.

Frente a los bajos recursos públicos, las diversas políticas de gasto planteadas en las propuestas de Gobierno deberán ser priorizadas, y habrá que avanzar de manera urgente en promover la “calidad del gasto”; es decir, aquel que conduce a cumplir con los objetivos nacionales de desarrollo y bienestar social –por ejemplo, erradicar la pobreza- de manera eficiente (con costos sociales y económicos mínimos)–.

Esto implica también que se deberá trabajar en líneas estratégicas innovadoras para poder combatir los problemas de corrupción; mejorar el diseño de políticas públicas para que sean efectivas y eviten la generación de elefantes blancos; y, en general, elevar la efectividad de las instituciones públicas en el cumplimiento de sus funciones.

Ciertamente, el nuevo Gobierno deberá enfrentar una serie de desafíos de diversa índole,  siendo uno de los más importantes la delicada situación que se hereda de las cuentas fiscales, en un escenario de menor crecimiento económico, menores recursos fiscales y mayores necesidades socioeconómicas a raíz de la crisis sanitaria.

Beatriz Muriel H. es Ph.D. y Directora Ejecutiva de Inesad.

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