El desafío de generar trabajos dignos

Foto: Beatriz Muriel.

¡¿Qué boliviana o boliviano no anhela estar bien en su trabajo?! –como manda la Constitución Política del Estado–; es decir, contar con un empleo estable, sobre todo para generar ingresos continuos y suficientes para su sustento y el de sus familias, con acceso a protección social, con seguridad industrial en su lugar de trabajo –aún más en estos tiempos de Covid-19, y estar satisfecho y realizado con su actividad laboral.

Sin embargo, lejos de avanzar hacia la creación de trabajos dignos para todos, la mayoría de los bolivianos han permanecido en empleos precarios durante los últimos 15 años. Un primer elemento que ilustra esto es que una buena parte de los trabajadores son por cuenta propias, cooperativistas de producción o trabajadores familiares (i.e. no-asalariados) y, por lo tanto, son excluidos de prácticamente todas las normas laborales dado que estas suponen la existencia de relaciones obrero-patronales. De acuerdo con la Encuesta de Hogares, en el año 2006 se observó que 63,7 de cada 100 trabajadores eran no asalariados, tasa que se mantuvo prácticamente igual en 2019 (62,8%).

Un segundo factor es la baja cobertura de la norma. Por ejemplo, el aguinaldo, que parece ser uno de los bonos más apreciados por los trabajadores, benefició a apenas 16 de cada 100 de ellos, tanto en 2006 como en 2019. Otro ejemplo son los empleos bajo ítem i.e., aquellos con estabilidad y otros derechos derivados de los contratos permanentes, que alcanzaron a algo menos del 10% de los empleos en 2019.

A pesar de que es relativamente sencillo realizar una fotografía de la situación laboral boliviana, es más difícil delimitar las causas. Algunos estudios, basados en métodos causales, apuntan a dos problemas estructurales claves: un entorno adverso para el desarrollo productivo y una normativa laboral excluyente.

El entorno del desarrollo productivo se refiere al clima de inversiones; es decir, los factores que promueven, o no, oportunidades para que las empresas puedan realizar inversiones y, de esta manera, crecer y generar cada vez más y mejores fuentes de trabajo. El país avanzó construyendo caminos y carreteras y proveyendo servicios financieros y de comunicaciones. Sin embargo, otros factores se estancaron e incluso se deterioraron; por ejemplo, la inseguridad jurídica, la desprotección de los derechos de propiedad, la corrupción, la burocracia, las pesadas cargas tributarias, entre otros.

El camino a seguir hacia un mejor clima de inversiones es complejo. No obstante, en un corto plazo se puede avanzar en la desburocratización del Estado a través de la disminución de los procedimientos de pago de impuestos y otras obligaciones que los emprendedores formales deben asumir en las diferentes etapas de producción y comercialización. Además, las micro y pequeñas empresas dinámicas deberían ser apoyadas con procesos de adecuación para que puedan asumir las cargas derivadas de la formalidad de manera paulatina, y con asistencia técnica.

La normativa laboral excluyente se refiere a que las medidas laborales, como la (cuasi) inamovilidad laboral, el doble aguinaldo, el salario dominical, entre otros, han beneficiado a muy pocos y, por el contrario, se han constituido en un componente más de exclusión sociolaboral. Esto se debe a que los costos laborales han aumentado de tal manera que han desmotivado la generación de empleos formales, como muestran varios estudios.

La norma laboral requiere cambios profundos desde sus bases, que se asientan en la exclusión de los trabajadores no asalariados y en la premisa de confrontación entre empleados y empleadores (y no en una negociación constructiva y equilibrada que beneficie a las partes). Esta reforma precisa de pactos sociales que vayan más allá de las demandas particulares de las asociaciones de trabajadores o de las empresas formales, dado que no representan a la totalidad de la población ocupada; lo que debería ser entendido por un Estado incluyente.

Beatriz Muriel H., Ph.D. es Directora Ejecutiva de Inesad.

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