INESAD
Por: Rolando Kempff Bacigalupo
Un estudio realizado por el economista Jimmy Osorio, con datos del Instituto Nacional de Estadística, publicado por la prensa hace algo más de una semana, sostiene que, en el primer trimestre de este año, de aproximadamente 6,3 millones de trabajadores en el país, 5,4 millones no recibirán el aguinaldo de fin de año, porque este 86% de la población económicamente activa desempeña sus actividades en el sector informal.
El contrabando que llega aproximadamente a 3.000 millones de dólares, un 7% del PIB, alimenta la actividad informal.
El deterioro del empleo formal en el país es cada vez mayor. Se estima que en 2013 aproximadamente el 20% de la fuerza laboral estaba en el sector formal; en el 2020 solo el 14% de los trabajadores estaban fuera de la informalidad.
La situación puede seguir empeorando si no son tomados los recaudos necesarios para superar la crisis económica que ya vive el país, como ofrecer las garantías que necesita el capital privado para una mayor participación en programas de inversión, definiendo políticas laborales y salariales para que la empresa privada se convierta en impulsora del empleo formal.
En términos absolutos podemos decir que de los 6.585.199 trabajadores activos y ocupados: 5.674.145 conforman el sector informal y tan solo 911.054 pertenecen al sector formal, y de éstos algo más del 50% son empleados públicos.
Bruno Rojas, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), nos recuerda que “antes de la pandemia, ocho de cada 10 personas ocupadas tenían empleos precarios, pobres, vale decir inestables, sin seguridad social, con bajos ingresos que no alcanzaban para cubrir una canasta alimentaria, y este hecho con la pandemia se ha profundizado”.
Rojas refuerza sus afirmaciones con un reporte de la Organización Internacional del Trabajo, con datos del Instituto Nacional de Estadística, según el cual existe casi 85% de informalidad laboral en Bolivia.
Cuando la COB exige que el gobierno eleve el Salario Mínimo Nacional y el salario básico, aunque las condiciones no estén dadas, solo está peleando por menos del 20% de la fuerza laboral del país y arriesga los pocos empleos formales que quedan, porque varias empresas que se mantienen en la formalidad pueden optar por el cierre, al no poder cumplir las nuevas exigencias laborales.
Otro factor que incide en el aumento de la informalidad en el empleo, es que nuestro país, desde fines de la década pasada, está en lo que se llama “un acelerado proceso de urbanización”.
Se estima que más del 70% de la población boliviana ahora vive en las ciudades. Este traslado de la población rural hacia los centros urbanos, especialmente las ciudades del eje, aumenta de manera acelerada el autoempleo en actividades terciarias, como el comercio, los servicios y el transporte.
Según el Cedla, aproximadamente el 30% de la población ocupada urbana está dedicada a los servicios y ventas; el 23% a la construcción y manufacturas; y el 10% en la instalación, operación de maquinaria y ensamblaje. El restante 37% está distribuido entre las categorías de trabajadores no calificados, profesionales, científicos e intelectuales, técnicos de nivel medio, trabajadores agropecuarios, empleados de oficina, y directivos de la administración pública y empresas.
Según estimaciones de la OIT para 2019, el 84,5% de los trabajadores de Bolivia estaba empleado en el sector informal, un porcentaje –el mayor de América Latina– que no solo incluye a los cuentapropistas, sino también a los asalariados que no tienen seguro de salud ni aportes para la jubilación.
Beatriz Muriel, Directora del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo fue muy clara al afirmar que “los diversos indicadores de informalidad muestran que los niveles en Bolivia sobrepasan a la mayoría de los países de América Latina. En el afán de contar con un círculo virtuoso, el periodo de bonanza económica debería haber promovido una disminución del sector informal, con el crecimiento de las empresas de subsistencia hacia otras de mayor escala y productividad, con más oportunidades de generar mejores empleos. Esto no sucedió”.
Es cierto que en el país la hiperinflación que se vivía –en los años 80 del siglo pasado– y las medidas adoptadas para encarar esta crisis, como el DS 21.060, flexibilizaron las normas laborales, que grafican la premisa de: “a mayor desempleo, mayor informalidad”.
Ahora que el Estado no tiene la capacidad de financiar nuevos proyectos que permitan crear nuevas fuentes de empleo, debemos buscar una mayor participación del sector privado que puede promover nuevos emprendimientos empresariales para crear más fuentes de empleo digno.
El autor es Economista, doctorado Ph.D. en Relaciones Internacionales, Académico de Número de la ABCE.
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