El engaño del aguinaldo

Ronald Nostas Ardaya

En días pasados, el Ministerio de Trabajo informó que 567 empresas inscritas en el Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) no habían pagado el aguinaldo 2023 en el plazo establecido. Esta cifra es la más alta de los últimos años, ya que en 2022 se registraron 489 denuncias por esta omisión, en 2021 fueron 130 y, en 2020 (año de la pandemia) llegaron a 467. De acuerdo con la normativa, las empresas infractoras serán castigadas con el pago doble del beneficio, un proceso judicial por incumplimiento de normas sociales, que derivará en otra sanción, además de una multa que se incrementa por cada día de retraso.

Las sanciones por no pagar aguinaldo se aplican únicamente al sector formal y no toman en cuenta que el incumplimiento no tiene que ver con falta de voluntad de los empresarios sino con la insuficiencia de recursos monetarios e incluso con la imposibilidad de acceder a créditos de emergencia, es decir que responden a una situación de iliquidez total originada por la crisis que afecta con mayor gravedad a ciertos rubros y regiones y empresas.

Más allá de la cuestión económica y del carácter draconiano del castigo, una revisión de los datos estadísticos y la evidencia empírica muestran que el beneficio del décimotercer (13er) sueldo ha perdido sistemáticamente su naturaleza, alcance y exigibilidad, afectado sobre todo por la informalidad, su politización, la precarización del sector privado formal y los cambios generados en el mundo laboral.

De acuerdo con las últimas cifras oficiales, en 2021, el ROE (que sirve como base para fiscalizar el pago del aguinaldo y que no incluye a los gremiales ni a las mypes) contaba con un registro de 23.000 empresas de un total de 351.000 inscritas en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), es decir que la vigilancia de cumplimiento se aplica solo al 6% del universo empresarial.

Sin embargo, el sector que menos cumple con esta obligación es el informal, donde la cancelación es voluntaria y discrecional y, en la mayoría de los casos, simplemente se omite sin ninguna consecuencia. De acuerdo a un estudio del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad), en 2020 los trabajadores ocupados del área urbana que no percibían aguinaldo, alcanzaban al 86,2%, es decir casi la totalidad de los informales. En el área rural, apenas el 1,6% tiene este beneficio.

Incluso para las entidades alcanzadas por la norma, el aguinaldo no tiene carácter universal, ya que la propia ley que creó en 1944 este bono obligatorio señala que “El aguinaldo (…) no comprende a los empleados sujetos a contrato (…)”.  Esta determinación beneficia también a las instituciones del Estado donde no se cancela el bono navideño a los consultores de línea que, según estimaciones, alcanzan al 30% del total de los servidores públicos.

Otro despropósito en este tema fue la creación, en 2013, del “segundo aguinaldo” una medida implementada sin ningún sustento técnico ni económico, que establece un décimocuarto (14°) sueldo si el PIB crece por encima del 4,5%.  Tal decisión política, que obliga a las empresas privadas formales (arbitrariamente el Gobierno excluye a las empresas públicas de este pago), generó una grave distorsión en la economía del sector privado, especialmente en las mypes, afectó el sostenimiento del empleo y fortaleció la informalidad.

Los indicadores del alcance y fiscalización del aguinaldo como beneficio laboral, son otra muestra del desfase entre las políticas salariales y una realidad cada vez más compleja caracterizada por la discriminación, la inequidad y la irracionalidad, en la que los más perjudicados son los empleadores formales a los que se les obliga a cancelar hasta 4 sueldos (cuando se incluye el 2° aguinaldo) en un plazo muy corto, lo que no solo es inviable para la mayoría de las empresas, sino desatinado e injusto.

Los empresarios formales nunca se opusieron al pago del aguinaldo, y lo cancelaron aun en las condiciones más difíciles, sin embargo, las distorsiones e inequidades generadas alrededor de este bono muestran que ha perdido su objetivo primigenio, que es premiar el esfuerzo de los trabajadores en un margen de equidad, universalidad y racionalidad. Por ello, es necesario un ajuste que permita ampliar el actual modelo, incluyendo alternativas como su distribución durante el año, su pago en bienes o productos o la creación de fondos para ayudar a las empresas que no cuenten con recursos excepcionales.

Pero, ante todo, estas dificultades evidencian la necesidad cada vez más apremiante de ajustar (en un consenso tripartito) nuestra política laboral que, por su desfase de la realidad, la profusión de normas conexas y su incumplimiento permanente, en muchos casos se ha convertido en una barrera para la creación de empleo digno y en un mecanismo que contribuye al fortalecimiento de la informalidad y la discriminación, al aplicarse solo a las empresas formales y legales, e invisibilizar al 80% de los trabajadores bolivianos.

El autor es industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

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