La informalidad: el caso de Bolivia

La palabra informalidad fue acuñada por primera vez por Keith Hart en el año 1973, al referirse a las actividades indocumentadas desde una perspectiva de Estado; pero que posiblemente pertenecen a otros sistemas institucionales. Desde entonces, y hasta la fecha, la informalidad ha sido mencionada para describir diversos fenómenos, haciendo difícil establecer una clara y, menos, única conceptualización. Por este motivo, los lectores pueden encontrar que Bolivia tiene tasas de informalidad que van desde un 65% a un 85%, lo cual depende de la variable o variables que se consideran para medirla.

Desde el enfoque laboral, las organizaciones multilaterales (como la Organización Internacional del Trabajo) han afinado, en alguna medida, las definiciones para que -con las limitaciones que se puedan tener- sea posible aterrizarlas en datos concretos; por ejemplo, en el porcentaje de la población ocupada que pertenece a la informalidad. Una primera aproximación parte de las características de las unidades productivas, donde se estipula que los trabajadores se encuentran en el sector informal cuando las unidades donde trabajan son familiares y/o de muy pequeña escala, con una administración básica y con bajo uso de tecnología y de capital.

Una segunda aproximación corresponde a las características de la fuente de trabajo-ya sea en el sector informal o formal-, donde se asocia el empleo informal con aquel que se encuentra al margen, total o parcial, de la aplicación de la norma; principalmente del acceso a protección social –e.g. seguro de salud y sistema de pensiones para la vejez-. Por último, el empleo en la economía informal considera ambas aproximaciones al mismo tiempo, dado que, en algunos casos, son excluyentes; por ejemplo, los consultores de línea trabajan en el sector (público) formal, pero carecen de una serie de beneficios laborales conferidos por ley.

Los diversos indicadores de informalidad, asociados a las diferentes definiciones, muestran que los niveles en Bolivia sobrepasan a la mayoría de los países de América Latina. En el afán de contar con un círculo virtuoso, el periodo de bonanza económica debería haber promovido una disminución del sector informal; con el crecimiento de las empresas de subsistencia hacia otras de mayor escala y productividad -con más oportunidades de generar mejores empleos-; pero esto no sucedió.

De hecho, entre 2006 y 2019, el porcentaje de la población ocupada en microempresas (con hasta cuatro personas), una medida aproximada de informalidad, aumentó del 63,6% al 70,5%; mientras que los empleos en las pequeñas empresas (de 5 a 14 personas) se redujeron y pasaron a engrosar las microempresas.

Con todo, el empleo informal medido por protección social –afiliación al sistema de pensiones y a algún seguro de salud- tuvo una reducción entre 2006 y 2017, del 89,2% al 85,2%. Entre 2017 y 2019 se dio una mejora importante, ya que la tasa cayó hasta el 81,2%; lo cual se debe a la implementación del Sistema Único de Salud (SUS). Sin embargo, esta medida ciertamente no refleja los problemas de acceso a los servicios de la salud, que se han expuesto con la crisis sanitaria.

¿Qué se espera en esta coyuntura? Las expectativas son poco alentadoras en la perspectiva sectorial. La fuerte caída del crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) en 2020 ha reflejado el deterioro de la dinámica empresarial; afectando negativamente el escenario laboral. En particular, el sector privado, que genera el 90% del empleo en el país, ha tenido escasas medidas de apoyo estatal para reactivarse y crear más y mejores empleos.

Por otro lado, la protección social siempre puede aumentar en papeles, con mayores registros en el SUS; sin embargo, no se visualizan políticas de mejoras sustanciales en el sistema de salud, aún porque la crisis sanitaria continúa y requiere una atención prioritaria. En resumen, la caída de la informalidad en el país –desde la perspectiva de empresas más productivas y más empleos de calidad- continuará como una agenda pendiente.

Beatriz Muriel H., Ph.D. es  directora ejecutiva de Inesad.