Por
Javier Aliaga Lordemann, Luis Salinas San Martin y Leonardo Betanzos Saravia
Resumen
El documento presenta un primer ejercicio para analizar los efectos macroeconómicos y sectoriales de eliminar el subsidio implícito al gas destinado a la generación eléctrica en Bolivia. Para ello, utiliza un modelo simple de corto plazo tipo 2STAGE-E estático de Equilibrio General Computable (CGE), calibrado con una Matriz de Contabilidad Social (SAM), y simula escenarios de retiro gradual y total del subsidio.
El ejercicio se organiza en dos bloques complementarios. El primero mide el costo de oportunidad del subsidio y sus efectos sobre inflación, consumo, PIB y sectores productivos. El segundo evalúa cómo distintos precios del gas se trasladan a la tarifa eléctrica bajo escenarios de demanda constante y demanda flexible.
El análisis distingue dos precios de referencia del gas. El primero corresponde a un precio máximo regulatorio o de transición, en el que el precio del gas aumenta de 1,30 US$/KPC a aproximadamente 3,25–3,35 US$/KPC. Este caso representa un ajuste parcial del subsidio y genera un aumento de la tarifa regulada cercano al 30%, lo que permite identificar un primer umbral de reforma. El segundo precio de referencia es 6,60 US$/KPC o US$/MMBtu, utilizado como aproximación al costo de oportunidad del gas. Este valor representa un escenario de sinceramiento económico completo. Además, el bloque tarifario incorpora dos casos adicionales: la convergencia a costo de generación, asociada a un costo térmico cercano a 60 US$/MWh, y un escenario de importación de gas, que evalúa el riesgo de que el país deba importar gas natural para generación eléctrica en los próximos años.
A nivel macroeconómico, los resultados muestran que, con un retiro del subsidio de 25%, la tarifa eléctrica aumenta 13,9%, el IPC sube 1,3%, el consumo real de los hogares cae 1,5% y el PIB real agregado se reduce 0,4%. Cuando el precio del gas se acerca a 3,25–3,35 US$/KPC, la tarifa aumenta alrededor de 30%. Con un precio de referencia de 6,60 US$/KPC, equivalente a un retiro de 50%, el precio del gas llega a 3,95 US$/KPC, la tarifa eléctrica aumenta 27,7%, el IPC sube 2,7%, el consumo de los hogares cae 3,1% y el PIB real se reduce 0,9%. Finalmente, con un retiro de 100% respecto al precio de 6,60 US$/KPC, la tarifa eléctrica aumenta 55,5%, el IPC sube 5,4%, el consumo real de los hogares cae 6,1% y el PIB real agregado se contrae 1,8%. Los escenarios de importación muestran que, si el país debe recurrir a gas importado para sostener la generación térmica, la tarifa podría enfrentar presiones mucho mayores, superiores al 76%.
A nivel sectorial, el impacto directo más fuerte se observa en electricidad y agua, cuyo PIB cae 13,7% en el escenario de retiro total. Sin embargo, la manufactura aparece como el sector más relevante y vulnerable por su intensidad eléctrica, su dependencia de insumos intermedios y su exposición al mercado interno. En este escenario, la manufactura registra un aumento de precios de 4,2% y una caída del PIB sectorial de 2,2%. También se observan impactos relevantes en minería e hidrocarburos, transporte y logística, construcción, y comercio y otros servicios, lo que confirma el carácter transversal del shock eléctrico.
El documento concluye que la eliminación del subsidio debería aplicarse de forma gradual y acompañarse de medidas de mitigación. Entre las principales recomendaciones se encuentran: sustituir el subsidio universal por protección focalizada aguas abajo; rediseñar la estructura tarifaria con bloques de consumo diferenciados; proteger a los hogares vulnerables mediante una tarifa social fortalecida; establecer tratamientos transitorios para sectores electrointensivos; impulsar la eficiencia energética, la gestión de demanda, la reducción de pérdidas, las energías renovables, el almacenamiento y la generación distribuida; y crear un fondo de transición energética y compensación productiva con trazabilidad explícita.
Código JEL: Q43, Q48, D58, H23
Palabras clave: Subsidio energético, modelo CGE, SAM, generación eléctrica, política de precios, Bolivia.
INESAD
