INESAD
Mauricio Blanco
Bolivia cerró un polémico acuerdo técnico con el FMI en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por 36 meses y $us 1.900 millones de dólares. El pacto marca el giro de timón en la política económica más drástico en dos décadas.
Tras años de sostener un modelo de gasto público expansivo, el agotamiento de las reservas internacionales y la escasez de divisas obligaron al Ejecutivo del presidente Rodrigo Paz Pereira a recurrir al organismo multilateral como tabla de salvación.
Sin embargo, más allá de las frías cifras macroeconómicas, el acuerdo expone la cruda realidad de un gobierno atrapado en una paradoja sistémica. Las mismas medidas de austeridad fiscal requeridas para estabilizar la economía amenazan con dinamitar las bases de una gobernabilidad ya de por sí debilitada por la fractura social y legislativa.
En una nación históricamente alérgica a las recetas del FMI, el presidente Paz enfrenta el desafío más complejo de su mandato: aplicar un severo ajuste estructural sin contar con la mayoría parlamentaria para aprobarlo ni la paz social para contener la previsible resistencia en las calles.
El diagnóstico de la urgencia
El memorando de entendimiento publicado por el Ministerio de Economía evidencia desequilibrios estructurales profundos:
Colapso energético. Los ingresos del gas cayeron de 6.000 a menos de $us 1.000 millones anuales por falta de exploración.
Déficit y deuda. El déficit fiscal trepó al 11 % del PIB y la deuda pública superó el 80% en 2025.
Asfixia de liquidez. El BCB operaba con apenas $us 52 millones en divisas a finales de 2025, forzando el fin del tipo de cambio fijo.
El ministro de Economía, Christian Morales, defendió que el plan busca «ordenar la casa». El FMI estima que el aval destrabará 5.000 millones adicionales de otros organismos, pero las contrapartidas fiscales reconfigurarán la realidad del país.
Pero el financiamiento internacional no es un cheque en blanco; viene acompañado de compromisos fiscales que reconfigurarán la vida cotidiana del ciudadano boliviano.
Los pilares del ajuste: ¿cirugía mayor o shock?
El programa con el FMI exige una consolidación fiscal de 8,5 puntos del PIB hasta 2029, asentada en tres ejes altamente inflamables:
Fin de subvenciones a combustibles. El Gobierno mantendrá congelados los precios de la gasolina y el diésel hasta diciembre de 2026.
En enero de 2027 la subvención se desmantelará por completo. Modificar el coste del combustible suele gatillar revueltas históricas en Bolivia. Es, sin duda, la medida de mayor impacto social y político.
Tipo de cambio flexible. La flotación administrada pasa de medida de emergencia a norma estructural. El dólar, cotizado sobre los Bs 12, se fijará por oferta y demanda. Esto frena el mercado negro, pero indexa precios y golpea el poder adquisitivo.
Fin del financiamiento monetario. El Tesoro no podrá recurrir a la emisión inorgánica del BCB. La base monetaria se convierte en el ancla nominal exclusiva del sistema con el fin de contener la inflación. Además, para junio de 2027 se eliminarán los topes a las tasas de interés y los cupos de crédito obligatorio, liberalizando el sistema financiero.
El laberinto legislativo y la asamblea
El principal escollo inmediato está en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Por mandato constitucional, todo endeudamiento externo requiere ratificación del Órgano Legislativo, donde la gobernabilidad del Ejecutivo muestra sus mayores grietas.
El bloque oficialista carece de mayoría cómoda. La fragmentación parlamentaria y la férrea oposición de sectores tradicionales –que tildan el pacto de «capitulación neoliberal»– anticipan un desgaste absoluto. Un bloqueo en la ALP dejaría al Gobierno sin desembolsos trimestrales y pagando el coste político de un ajuste inaplicable.
La gobernabilidad se mide hoy en la capacidad de negociación de un palacio presidencial cercado por la intransigencia legislativa.
La fragilidad social: el fantasma de las calles
Si el Ejecutivo sortea el Parlamento, el examen final se rendirá en las carreteras y ciudades. Bolivia posee una cultura de movilización radical liderada por sindicatos, comités cívicos y choferes con poder de veto fáctico.
El propio FMI admite que el ajuste provocará contracción productiva en 2026 y 2027. El riesgo político se acentúa por un descalce temporal crítico:
Enero 2027: sube el combustible e impacta de inmediato en los alimentos.
Marzo 2027: se presentará el marco legal de subsidios focalizados (Registro Social Unificado).
2028: se integrarán los padrones de beneficiarios vulnerables.
Esta brecha obliga a los sectores más pobres a soportar el encarecimiento meses antes de recibir la red de protección social compensatoria prometida, una fórmula perfecta para reactivar protestas masivas en el eje troncal del país.
El destino de una gestión atada a un hilo
El acuerdo con el FMI da el oxígeno financiero necesario para evitar un colapso de la balanza de pagos, pero los remedios económicos operan como veneno político en una gobernabilidad deteriorada.
El presidente Rodrigo Paz ha apostado su capital a una carta de alto riesgo. El éxito no se medirá en el cumplimiento técnico de las metas de Washington, sino en la pericia para tejer consensos parlamentarios y contener el descontento popular. Bolivia camina sobre el filo de la navaja fiscal con el tiempo en contra.
Mauricio Blanco es investigador de Inesad.
