INESAD
Por: Beatriz Muriel
En medio de la crisis sanitaria y económica, la política del incremento salarial ha vuelto a ser parte de la agenda pública; ya que -como es bien conocido- esta se promulga cada 1 de mayo conmemorando el día del trabajador. Por un lado, la Central Obrera Boliviana (COB) ha pedido un aumento del 5% al haber básico y salario mínimo nacional, aunque una parte de sus afiliados demanda el 10%. Por otro lado, los gremios empresariales formales han rechazado cualquier alza de las remuneraciones.
Los pocos estudios, basados en evidencia, que existen para Bolivia muestran que un incremento salarial de jure reduce la demanda por empleo formal (i.e. sujeto a todos los derechos laborales conferidos por ley) generando informalidad y desempleo; cuando no se deriva de la inflación o de un mejor desempeño productivo. Por ejemplo, la medida del doble aguinaldo, implementada en 2013, implicó un aumento en la planilla salarial del empresariado formal y fue uno de los factores que ocasionó que el porcentaje de la población ocupada favorecida con este bono disminuya del 19,4% en 2013 al 14,9% en 2014 (estimaciones basadas en las Encuestas de Hogares).
De hecho, la política salarial ha ido en contraposición con el escenario laboral en Bolivia; ya que los ingresos laborales reales han bajado y el desempleo ha aumentado como resultado del bajo desarrollo productivo. Por ejemplo, en el año 2011, el 55,1% de los trabajadores del país tenían un ingreso laboral al menos igual al salario mínimo (medido en horas) y ya en 2019 este porcentaje cayó al 42,6% (estimaciones basadas en las Encuestas de Hogares).
Segundo, la productividad laboral (i.e. producto por trabajador), cuya estimación altamente optimista supone una tasa negativa de -2% en 2020 y, por lo tanto, implica un mayor costo laboral en términos de beneficios.
Tercero, la caída de las ventas y producción nacional, con menos empresas formales con la posibilidad de asumir cualquier incremento salarial en relación, por ejemplo, al periodo de bonanza económica.
Cuarto, la difícil situación fiscal en la que se encuentra el país, con elevados déficits que se heredan desde el año 2014 y que limitan fuertemente cualquier incremento en los gastos públicos corrientes vía sueldos públicos más altos.
Por último, la persistencia de los problemas sanitarios y económicos por varios meses más.
Con excepción de la inflación, los aspectos descritos anteriormente muestran que, en esta particular coyuntura, una política de incremento salarial, si bien puede favorecer a un grupo de trabajadores, este es reducido (14,9% de la población ocupada acuerdo al indicador de tenencia de aguinaldo) e implicará costos elevados en términos de la destrucción neta de empleo formal y aumento del desempleo y la informalidad, siendo muy probable tener un beneficio neto negativo desde una perspectiva sociolaboral.
Este artículo fue publicado originalmente en Página Siete.
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