Los bonos de apoyo social otorgados para mitigar los efectos del COVID-19 en los hogares, así como otros gastos efectuados en un marco de disminución de ingresos para el Estado, pueden agravar las dificultades macroeconómicas de Bolivia, según dos analistas que evalúan las decisiones de un Gobierno que no descarta “quebrar la alcancía” para cuidar el bienestar de la población.

Frente a los efectos económicos de la pandemia del coronavirus, la administración de Jeanine Áñez determinó implementar medidas económicas para atenuar los efectos del COVID-19, como el pago de una Canasta Familiar y el bono Familia para los sectores más necesitados de la población, así como el alivio total o parcial de las tarifas de los servicios de agua, luz y gas.

Por ahora, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, dijo el pasado 3 de abril que los recursos para el pago de bonos y rentas están garantizados, sin precisar las fuentes de financiamiento. Empero se conoció que la financiación proviene de reasignaciones de recursos del Tesoro General de la Nación, de las Reservas Internacionales Netas – que están en picada desde hace cinco años– , de la cooperación internacional y de otros fondos estatales.

Este mayor gasto público se da luego de que los conflictos políticos y sociales de octubre y noviembre del año pasado redujeran el crecimiento del PIB de Bolivia de un 4,5% –previsto a principios de gestión– a 2,2% y con un presupuesto del Estado para este año que se enfrenta a un precio del barril del petróleo que ronda los $us 20, cuando se proyectaba un mínimo de $us 51,37.

Se debe considerar, además, que la deuda externa se ha disparado en los últimos años hasta superar los $us 11.267 millones, una cifra que representa el 27,1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Para el economista Roberto Laserna, con el paquete de medidas de apoyo social, “el Gobierno está haciendo lo que se puede”. “No es mucho, pero las dimensiones de nuestra economía no dan para mucho más”. Argumentó que en un estado de emergencia como el que atraviesa el país y el mundo “resulta inevitable sacrificar los ahorros y contraer deudas”.

Un criterio similar fue expresado el jueves pasado por el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, quien señaló que el Ejecutivo —en este momento— está concentrado en precautelar la salud y la vida de la población, y que posteriormente “habrá tiempo para recuperar la economía”.

“Hemos sido bien claros de que si es necesario quebrar la alcancía para cuidar la vida de los bolivianos, lo vamos a hacer”, afirmó.

“Estas medidas” asumidas por la presidenta Áñez, “que pueden ser adecuadas en un corto plazo, acelerarán las dificultades macroeconómicas que ya se venían vislumbrando desde varios años atrás”, consideró por su lado la directora del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad), Beatriz Muriel. “Esto quiere decir que se hace aún más urgente evaluar cuánto más se puede sostener un tipo de cambio fijo, la no-austeridad del gasto público y el incremento de la deuda pública (interna y externa)”.

Respecto a las fuentes de financiamiento, Muriel señala que “no hay muchos grados de libertad para escoger de dónde deberían provenir los recursos, aún más en un contexto donde el escenario macroeconómico y fiscal era frágil desde el 2014”.

La Razón pidió información al Ministerio de Economía información sobre la forma en que se financiarán este apoyo social, pero no recibió respuestas hasta el cierre de esta edición.

Producción:

Si bien se aplican bonos de apoyo económico a los sectores más necesitados de la población, todavía no se asumen medidas para el sector productivo, el cual es “crucial” para la generación de empleo y productos de consumo, cuestiona el analista Roberto Laserna.

“Si las empresas no pueden funcionar, no podrán seguir pagando sueldos ni generando empleos, y tampoco producirán, de manera que los estímulos a la demanda terminarán encontrando anaqueles vacíos y precios en alza”, advirtió.

Muriel identificó dos grupos especialmente vulnerables en la actual coyuntura. El primero, personas que tienen mayores complicaciones de salud por el coronavirus, en caso de contagio. El segundo, los hogares con miembros que trabajan con autoempleos o en empleos que no tienen ninguna estabilidad laboral o cobertura por las normas vigentes, a diferencia de aquellos contratados por jornal.

“Estos (grupos), en su mayoría, viven al día y pertenecen a hogares pobres, por lo que frente a la cuarentena les resulta extremadamente difícil generar ingresos laborales”, indicó.

Sostuvo que la Canasta Familiar está focalizada al primer grupo porque beneficia a los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Mientras que el bono Familia debería estar dirigido al segundo, es decir, a hogares que “viven al día” y que “en su mayoría son pobres, sin embargo, la población beneficiaria no se ajusta cabalmente a ese criterio”.

En las zonas urbanas, por ejemplo, el 81% de los hogares trabajan por ingresos diarios y son, al mismo tiempo, pobres. De este grupo de hogares (altamente vulnerables), sólo el 52% reciben el Bono Familia, calculó.

“En las restantes medidas siempre se aliviará a las familias y las empresas en sus necesidades de recursos económicos. No obstante, la contraparte son los instrumentos, fondos y otros de donde salen los beneficios que sean lo suficientemente resilientes para soportar estas medidas y no provocar a futuro más problemas económicos”, reiteró.

Recursos:

El Ministro de Economía el pasado 1 de abril anunció que más de 10 millones de bolivianos en todo el país se beneficiarán de manera directa e indirecta de las medidas económicas para enfrentar los efectos de la cuarentena por el COVID-19.

Dos días después se inició el pago de la Canasta Familiar de Bs 400 a más de 1,1 millones de familias, con una inversión de Bs 430 millones. De la misma manera, el Estado empezó a pagar total o parcialmente las tarifas de agua, luz y gas, medida que benefician a más de 2,6 millones de familias con una inversión de Bs 490 millones.

Asimismo, el jueves pasado el Gobierno anunció que desde el 15 de abril se cancelará el Bono Familia de Bs 500 a más de 2,5 millones estudiantes de los ciclos inicial, primario y secundario del sistema fiscal y de convenio para lo cual se prevé una inversión que superará los Bs 1.300 millones.